‘Tenemos que quitarles a los niños’.

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Como terapeuta de niños que están siendo procesados por el sistema de inmigración estadounidense, Cynthia Quintana tiene una rutina que repite cada vez que conoce a un nuevo paciente en su oficina de Grand Rapids, Michigan: Llama a los padres o a los familiares más cercanos para informarles que el niño está a salvo y bien atendido, y que está disponible para proporcionar información las 24 horas del día.

Este proceso suele llevarse a cabo a las pocas horas de la llegada de los niños. La mayoría son adolescentes que han memorizado o anotado los números de teléfono de sus familiares en cuadernos que tenían al cruzar la frontera. En el momento de esa primera llamada, sus familias suelen estar preocupadas, esperando ansiosamente noticias después de haber enviado, en un acto de desesperación, a sus hijos solos a otro país en busca de seguridad y de la esperanza de un futuro.

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Pero, en el verano de 2017, Quintana se encontró con un caso curioso. Un niño guatemalteco de 3 años, con una sonrisa llena de dientes y el pelo negro cortado con forma de tazón, se sentó en su escritorio. Era demasiado pequeño para haber hecho el viaje por su cuenta. No tenía ningún número de teléfono, y cuando le preguntó a dónde se dirigía o con quién había estado, el niño la miró sin comprender. Quintana buscó más información en su expediente, pero no encontró nada. Le pidió ayuda a un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), que volvió varios días después con algo inusual: información que indicaba que el padre del niño estaba bajo custodia federal.

En la siguiente sesión, el niño se retorcía en su silla mientras Quintana llamaba al centro de detención y conseguía que su padre se pusiera al teléfono. Al principio, el padre estaba callado, me dijo. “Finalmente le dijimos: ‘Su hijo está aquí. Puede oírlo. Puede hablar ahora’. Y se notaba que se le quebraba la voz: no podía”.

El niño llamó a su padre a los gritos. De repente, ambos gritaban y sollozaban tan fuerte que varios colegas de Quintana corrieron a su oficina.

Finalmente, el hombre se calmó lo suficiente como para dirigirse directamente a Quintana. “Lo siento mucho, ¿quién es usted? ¿Dónde está mi hijo? Vinieron a mitad de la noche y se lo llevaron”, dijo. “¿Qué le digo a su madre?”.


Ese mismo verano, Quintana también fue asignada para trabajar con una niña hondureña de 3 años que no proporcionó ninguna indicación de cómo había llegado a Estados Unidos o a dónde se suponía que iba. Durante las primeras sesiones, la niña se negó a hablar. Los músculos de su cara se encontraban distendidos y sin expresión. Quintana supuso que la niña padecía un grave trastorno de desapego, a menudo resultado de un trauma repentino y reciente.

En toda su organización (Bethany Christian Services, una de las varias empresas contratadas por el gobierno estadounidense para atender a los niños inmigrantes recién llegados) los colegas de Quintana estaban teniendo experiencias similares. Jennifer Leon, profesora en Bethany, estaba un día en la oficina cuando la empresa privada que transporta a los niños desde la frontera entregó una niña “como si fuera un paquete de Amazon”. La bebé llevaba un pañal sucio; su cara estaba llena de mucosidad. “Le entregaron la bebé a la gestora del caso con una bolsa de pañales, firmamos y listo”, recuerda Leon. (Leon llevó a la bebé al hospital para que la evaluaran).

Mateo Salazar, terapeuta en Bethany, fue a su oficina en medio de la noche para conocer a una niña hondureña de 5 años recién llegada. Al principio, la niña se mostró estoica, pero cuando los empleados de la empresa de transporte comenzaron a marcharse, la niña corrió tras ellos, golpeando las puertas de cristal y llorando mientras se tiraba al suelo. Salazar se sentó con ella durante dos horas hasta que se calmó lo suficiente como para explicarle que su madre le había hecho prometer, mientras los agentes de la Patrulla Fronteriza los separaban, que se quedaría con los adultos que la acogieran pasara lo que pasara, porque ellos la mantendrían a salvo.

Durante más de un año, Quintana y sus colegas se encontraron repetidamente con casos como estos. Para localizar a los padres de los niños que tenían a cargo, recorrían las prisiones y los centros de detención de inmigrantes de Estados Unidos, utilizando pistas de las redes sociales o sugerencias de amigos dentro del gobierno. Se esforzaban por explicarles a los padres por qué se habían llevado a sus hijos o cómo recuperarlos. Los terapeutas, profesores y asistentes sociales intentaban mantener la compostura en el trabajo, pero luego se derrumbaban en sus carros y delante de sus familias. Muchos se plantearon dejar su trabajo. Aunque eran expertos en la atención a niños gravemente traumatizados, este era un reto que no sabían cómo enfrentar.

“Empecé a cuestionarme a mí misma”, dijo Quintana. “¿Estoy haciendo lo correcto al atender a estos niños, o estoy contribuyendo al daño que se está haciendo?”.

“Simplemente no podía creerlo”, dijo sobre el momento en que comprendió que no eran casos puntuales. “Algo que no era humano”.


Durante el año y medio en el que el gobierno de Estados Unidos separó a miles de niños de sus padres, las explicaciones de la administración de Trump sobre lo que estaba sucediendo fueron profundamente confusas, y en muchas ocasiones (estaba claro incluso en ese entonces) claramente falsas. Soy uno de los muchos reporteros que cubrieron esta historia en tiempo real. A pesar de la gran cantidad de trabajo que produjimos para llenar el vacío de información, sabíamos que la verdad completa sobre cómo nuestro gobierno había llegado a este punto todavía se nos escapaba.

Los funcionarios de la administración de Trump insistieron durante todo un año en que las separaciones familiares no estaban ocurriendo. Finalmente, en la primavera de 2018, anunciaron la implementación de una política de separación con gran despliegue; como si una no hubiera estado ya en marcha durante meses. Luego declararon que separar a las familias no era el objetivo de la política, sino un resultado desafortunado de perseguir a los padres que cruzaron la frontera ilegalmente con sus hijos. Sin embargo, una montaña de pruebas demuestra que esto es explícitamente falso: Separar a los niños no era solo un efecto secundario, sino la intención. En lugar de trabajar para reunificar a las familias después de procesar a los padres, los funcionarios trabajaron para mantenerlas separadas durante más tiempo.

Durante el último año y medio, he realizado más de 150 entrevistas y he revisado miles de páginas de documentos internos del gobierno, algunos de los cuales me fueron entregados solo después de una demanda judicial de varios años. Estos documentos demuestran que, mientras los funcionarios desarrollaban la política que acabaría separando a miles de familias, minimizaron sus implicaciones para ocultar lo que estaban haciendo. Muchos de estos funcionarios insisten ahora en que no había forma de prever todo lo que iba a salir mal. Pero esto no es cierto. Todos los peores resultados de la política se anticiparon, y se ignoraron las repetidas advertencias internas y externas. De hecho, los registros demuestran que casi no hubo planificación logística antes de que se iniciara la política.

Se ha dicho de otros proyectos de la era de Trump que la incompetencia de la administración mitigó su malevolencia; aquí ocurrió lo contrario. Una flagrante falta de preparación supuso que los tribunales, los centros de detención y los refugios para niños se vieran peligrosamente abrumados; que los padres y los niños se perdieran entre sí, a veces a muchos estados de distancia; que cuatro años después, algunas familias siguieran separadas, y que incluso muchos de los que se han reunido hayan sufrido un daño irreparable.

Fotoilustración del testimonio de una familia separada:"Eran cerca de las 4 a.m. cuando la arrancaron de mis brazos. Ella lloraba y decía que quería estar con su padre."
Estas ilustraciones fueron creadas por The Atlantic usando citas directas de padres a quienes les arrebataron a sus hijos. Las entrevistas fueron conducidas por el Asylum Seeker Advocacy Project (El Proyecto de Apoyo para Solicitantes de Asilo), una organización de defensa de los derechos que ha ayudado a familias separadas a interponer y entablar demandas contra el gobierno de los EE. UU. En una declaración, el departamento de Aduanas y Protección de Fronteras de los Estados Unidos dijo a The Atlantic, “Consideramos todas las denuncias con seriedad, proporcionamos múltiples vías para informar las denuncias de mala conducta e investigamos todas las quejas formales.” (Fotoilustraciones por Oliver Munday)

Es fácil culpar de las separaciones familiares a los funcionarios antiinmigración por los que es conocida la administración de Trump. Pero estas separaciones también fueron avaladas y permitidas por decenas de miembros de la administración media y alta del gobierno: secretarios del Gabinete, comisionados, jefes y adjuntos que, por diversas razones, no expresaron su preocupación incluso cuando deberían haber visto que se avecinaba una catástrofe; que confiaron en que “el sistema” impediría que ocurriera lo peor; que razonaron que no sería estratégico hablar en una administración en la que ser etiquetado como un RINO o un “squish” (nombres vulgares para aquellos considerados insuficientemente conservadores) podría acabar con su carrera; que asumieron que alguien más, en algún otro departamento, debía estar al tanto del problema; que estaban a tantas capas de abstracción de la realidad de los niños que gritaban y eran arrancados de los brazos de sus padres que podían esconderse de las consecuencias humanas de lo que estaban haciendo.

El Congreso también merece ser culpado, ya que durante décadas no logró llenar un vacío legislativo que los funcionarios antiinmigración se encargaron de explotar. Durante demasiado tiempo, se ha permitido que una fuerza policial fronteriza sobrecargada de trabajo y mal equipada determine la política social, económica y humanitaria crucial. No es de extrañar que esta fuerza policial haya recurrido a la herramienta más preparada a su disposición: el endurecimiento de los castigos.

Lo que sucedió en los meses que llevaron a la implementación de la Tolerancia Cero (la iniciativa de la administración de Trump que separó a miles de familias) debería ser estudiado por las futuras generaciones de psicólogos organizacionales y filósofos morales. Plantea cuestiones que tienen resonancia mucho más allá de esta única política: ¿Qué sucede cuando la ambición personal y el escrúpulo moral chocan en el anonimato gris de una burocracia? ¿Cuándo se convierten las racionalizaciones en negación o en un auténtico engaño? ¿Cuándo queda anulada la propia comprensión de la línea que separa lo correcto de lo incorrecto por la insistencia a gritos de un jefe?

Al informar sobre esta historia, hablé con decenas de funcionarios de la administración de Trump cuyo trabajo estaba relacionado de alguna manera con la política. Muy pocos estaban dispuestos a hablar en público, por temor a que afectara sus posibilidades de empleo. Varios de ellos me dijeron que estaban especialmente nerviosos porque tenían hijos en los que pensar y matrículas universitarias que pagar. Durante las entrevistas, me decían que me llamarían luego para poder ir corriendo a recoger a sus hijos de la escuela; los sentaban a hacer los deberes o con los juguetes para que pudiéramos hablar en privado en sus casas. “¿Puede esperar? Mi hija está a punto de subir a su vehículo para irse y necesito darle un beso de despedida”, dijo una funcionaria mientras describía una hoja de cálculo con cientos de quejas de padres que buscaban a sus hijos. Escuché cómo la madre y la hija se decían “te quiero” una y otra vez al menos cinco veces antes de que la funcionaria volviera y nuestra conversación continuara.

Recientemente, llamé a Nazario Jacinto-Carrillo, un agricultor de 36 años del altiplano occidental de Guatemala sobre el que escribí por primera vez en 2018. En aquel entonces, con su campo estéril y el precio de las cosechas estancado, su familia se había esforzado por sobrevivir con los $4 semanales que llevaba a casa durante la temporada de cosecha. La mayoría de los días, él y su esposa pasaban hambre; algunos días, sus dos hijos pequeños también. Eran indigentes y se sentían inseguros en su comunidad. Así que esa primavera, él y su hija de 5 años, Filomena, partieron hacia Estados Unidos. Un “coyote” los guió hasta la frontera americana, cerca de San Diego. Todo lo que tenían que hacer era cruzar a pie.

Las cosas no salieron como estaba previsto. Mientras seis agentes de la Patrulla Fronteriza los rodeaban, Filomena se agarró a una de las piernas de Nazario, al igual que otra niña de su edad con la que viajaban. Las niñas gritaron cuando los agentes las separaron, y uno de ellos sujetó a Nazario por el cuello. Nazario acabó accediendo a ser deportado a Guatemala porque, según dijo, un agente federal le dijo que, si lo hacía, le devolverían a Filomena en dos semanas. Esta falsa promesa se les hizo a muchos padres separados, a los que la administración describió después como si ellos hubieran elegido despiadadamente dejar a sus hijos solos en Estados Unidos. “Nunca abandonaría a mi hija”, me dijo Nazario cuando hablamos por primera vez. Había pasado más de un mes desde la deportación de Nazario y Filomena seguía sin estar en casa.

La voz de Nazario se quebró mientras interrumpía mis preguntas con las suyas. ¿Cuándo volverá Filomena a Guatemala? ¿Cuántas semanas? ¿Cuántos días? ¿Cuándo va a devolver el gobierno de Estados Unidos a los niños que secuestró? ¿Qué quiere hacer con ellos? Son niños.

Hicieron falta casi tres meses, un equipo de abogados, la atención constante de los periodistas y una orden judicial federal para que Filomena se reuniera con su familia. Para entonces tenía 6 años; había celebrado un cumpleaños bajo custodia del gobierno estadounidense.

Cuando volví a llamar a Nazario hace poco, sus hijos seguían teniendo hambre y su familia seguía sintiéndose insegura. Le dije que, cuatro años después, algunos padres siguen sin recuperar a sus hijos. “Sinceramente, no sé qué decir”, dijo. Cuando le pregunté si Filomena, que ahora tiene 9 años, recordaba lo que había vivido en Estados Unidos, le pasó el teléfono para que pudiera responder ella misma. Ella soltó algunas palabras que no pude entender y luego se quedó callada y le devolvió el teléfono a su padre.

“Lo siento”, me dijo. “Está llorando”.

El amanecer de la Tolerancia Cero

Para entender cómo el gobierno estadounidense arrebató a los niños de sus padres sin ningún plan para devolverlos, hay que remontarse al 11 de septiembre. Tras el atentado más mortífero de la historia de Estados Unidos, la administración de Bush creó un nuevo departamento federal. Formado por 22 oficinas y agencias, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) se convirtió en la mayor agencia federal de seguridad del país. Sus cientos de miles de empleados se encargaron de investigar a los extranjeros que entraban en Estados Unidos, cualquiera de los que podría llevar a cabo el siguiente complot para acabar con vidas estadounidenses.

Fotoilustración del testimonio de una familia separada: “Los oficiales de la Patrulla Fronteriza me dijeron que nunca más iba a volver a ver a mi hijo”.

Entre las agencias integradas en el DHS se encontraba la Patrulla Fronteriza. La Patrulla Fronteriza, una fuerza policial federal creada en 1924, parecía algo sacado de una vieja película del Oeste. La agencia atrajo a miles de hombres y mujeres jóvenes que querían luchar contra el crimen y portar armas, y como durante décadas no se exigía un título de secundaria, atrajo a muchos que no habrían podido trabajar en su departamento de policía local. Por cada persona que la Patrulla Fronteriza atrapaba, persiguiéndola a pie, a caballo o en cuatriciclo, otras 100 parecían colarse. Incluso los propios agentes sabían que su trabajo era en su mayoría ineficaz.

Pero después del 11 de septiembre, la agencia asumió una misión de seguridad nacional, y la forma de ver a los que cruzan la frontera evolucionó. Aunque la postura denigrante hacia los inmigrantes no era nada nuevo (los agentes se referían a las personas que detenían como “cadáveres” y los clasificaban con términos como guats y hondus), de repente la dirección de la agencia empezó a describir a estos jornaleros como delincuentes empedernidos y graves amenazas para la patria. La Academia de la Patrulla Fronteriza pasó de ser un aula, con cursos sobre leyes de inmigración y español, a un campo de entrenamiento de estilo paramilitar.

La Patrulla Fronteriza ya no se contentaba con vigilar la frontera nacional centrándose en los delitos más prioritarios, sino que ahora pretendía asegurarla por completo. Un solo cruce ilegal de la frontera era demasiado. El nuevo objetivo era la tolerancia cero.


En 2005, durante el segundo mandato de George W. Bush, un emprendedor jefe de la Patrulla Fronteriza en Del Rio, Texas, llamado Randy Hill, tuvo una idea para eliminar definitivamente los cruces fronterizos no autorizados: Convertiría el proceso en algo tan desagradable que nadie querría intentarlo. Para ello, recurrió a una disposición legal añadida a la ley federal de inmigración en la década de 1950, que solo se había aplicado en contadas ocasiones; dicha disposición convertía cualquier cruce de frontera no autorizado en un delito menor, y cualquier reincidencia en un delito grave. Antes de 2005, los jueces y fiscales federales habían acordado tácitamente dejar en paz a los inmigrantes, excepto en los casos más destacados. Las personas que recogen cosechas para obtener un salario por debajo de la mesa no eran una preocupación principal para la mayoría de los estadounidenses; los fiscales estadounidenses, sobrecargados de trabajo y preocupados por los principales casos de contrabando de drogas y armas, consideraban el cruce de la frontera como una infracción menor que no merecía su tiempo. (No se pudo contactar con Hill para que aportara sus comentarios).

Pero el jefe de Del Rio convenció a sus homólogos de las fuerzas del orden locales para que participaran en un experimento en el que se procesaría a todo adulto que fuera sorprendido cruzando la frontera ilegalmente, sin importar el motivo. Esto sometería a los inmigrantes a un procedimiento formal de deportación y provocaría penas aún más duras si se los sorprendía intentando cruzar de nuevo en el futuro, finalizando prácticamente su posibilidad hacia la ciudadanía.

Esta iniciativa, denominada Operación Streamline, constituiría la base de una escuela de pensamiento que ha hecho de la “prevención por disuasión” una pieza central de la aplicación de la ley de inmigración de Estados Unidos en la actualidad. Los padres que viajaban con niños estaban generalmente exentos de ser perseguidos en el marco de la Operación Streamline, pero este enfoque para asegurar la frontera acabaría culminando en la separación de las familias.

El experimento comenzó de forma bastante prometedora. En cuatro años, las aprehensiones en la frontera de Del Rio se redujeron en un 75 %, y en Yuma, Arizona, en un 95 %. El cuartel general de la Patrulla Fronteriza quedó tan impresionado que decidió implantar el plan en todo el país. Pero la iniciativa puede haber tenido menos éxito de lo que sugieren esas cifras.

En las regiones que no adoptaron Streamline, los cruces fronterizos aumentaron, lo que indica que el programa estaba empujando a la gente a cruzar por otras zonas. “Lo llamo ‘exprimir el globo’” , me dijo Anthony Porvaznik, que fue jefe de la Patrulla Fronteriza en Yuma durante las administraciones de Obama y Trump. Si bien la primera mitad de la década de Streamline coincidió con una disminución general de los cruces a nivel nacional, la investigación académica indica que esto fue en gran parte atribuible a la economía. (La disminución de los nacimientos en México había dado lugar a un número mucho menor de adultos que necesitaban trabajo, mientras que la demanda de mano de obra en Estados Unidos se desplomó en 2008, durante la recesión). Los que sí parecían ser disuadidos por Streamline eran trabajadores migrantes que nunca habían estado en la cárcel, dijo Porvaznik. A los que cruzaban con drogas o armas la frontera no parecía importarles.

En muchos sentidos, la aplicación de Streamline fue un desastre. Los juzgados a lo largo de la frontera se vieron tan desbordados que tuvieron que cerrar al público. Los jueces empezaron a celebrar audiencias masivas, con grupos de hasta 100 acusados con grilletes siendo juzgados al mismo tiempo. Arizona declaró una emergencia judicial a principios de 2011, suspendiendo temporalmente el derecho a un juicio rápido para todos los acusados federales, incluidos los ciudadanos estadounidenses. Los agentes de la ley argumentaron que la avalancha de juicios por delitos menores exigida por Streamline les restaba recursos a los casos de delitos graves.

Sin embargo, los procesos penales contra los que cruzan la frontera son cada vez más populares desde el punto de vista político. Bajo las administraciones de Bush y Obama, los funcionarios del DHS, deseosos de demostrar que mantenían la seguridad de la nación, declararon ante el Congreso que la Operación Streamline era una “buena práctica” del sector. Los agentes de la Patrulla Fronteriza también adoptaron el modelo, sintiéndose por fin capacitados tras décadas de impotencia.

A mediados de la década de 2010, el aumento de la pobreza y la explosión de la violencia doméstica y de las bandas en Guatemala, Honduras y El Salvador estaban empujando a los niños y a las familias hacia la frontera en mayor número. (En la actualidad, el Departamento de Estado les desaconseja a los estadounidenses viajar a esos países, debido a los secuestros y asesinatos desenfrenados). Jonathan White, un antiguo trabajador social de los Salud y Servicios de Humanos (HHS), fue enviado a evaluar la situación. Vio a niños hacinados en diminutas celdas de hormigón de la Patrulla Fronteriza o durmiendo bajo los puentes mientras esperaban a ser procesados para entrar a Estados Unidos. En una de las instalaciones, “el cartel de los bomberos sobre la puerta decía ocupación máxima de 35 personas”, me dijo White. Más de 80 adolescentes se repartían agua en vasos de papel y se subían unos a otros para acceder a un único retrete. Vio a un bebé tumbado solo en una caja de cartón aplastada. “Estábamos horrorizados desde el punto de vista de la salud pública, de la salud infantil”.

En 2014, Jeh Johnson, secretario de Seguridad Nacional del presidente Barack Obama, llamó a John Kelly, un general del Cuerpo de Marines que se desempeñaba como el funcionario militar de más alto rango de Estados Unidos en América Central y del Sur, para pedirle que lo aconseje. “Le dije: ‘Ven aquí’”, recordó Kelly que le dijo a Johnson en ese momento. “Tienes que venir aquí y mirar hacia el norte y ver de qué se trata el otro lado del problema”.

Durante la visita de Johnson a la ciudad de Guatemala en julio de 2014, Kelly explicó que la migración masiva de niños y familias que buscan asilo en Estados Unidos no era una amenaza para la seguridad nacional, pero dijo que la aglomeración en la frontera seguiría aumentando a menos que los puestos de trabajo fueran más abundantes, y la violencia disminuyera, en toda América Central. Ninguna medida de “disuasión”, le dijo Kelly a Johnson, podría contrarrestar todos los factores que impulsan a los centroamericanos hacia Estados Unidos. Johnson dejó la ciudad de Guatemala con una mejor comprensión de la dinámica a la que se enfrentaba, pero sin ninguna solución para sus abrumados agentes o su jefe, el presidente Obama.

Así que Johnson convocó una reunión en Washington con sus principales funcionarios de la policía fronteriza para debatir ideas. Entre los presentes se encontraban Kevin McAleenan, que entonces era el comisionado adjunto de Aduanas y Protección Fronteriza; Ron Vitiello, el jefe adjunto de la Patrulla Fronteriza; y Tom Homan, el director ejecutivo asociado de aplicación y expulsión del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. Los tres serían promovidos posteriormente, y se convertirían en parte integral de la implementación de las separaciones familiares cuatro años más tarde.

Fotoilustración del testimonio de una familia separada: “Yo estuve preguntando a los agentes dónde estaba HM y nadie me decía nada. Pregunté a muchos agentes y solo me decían: ‘¿Por qué la trajiste aquí? ¿Por qué la pusiste en peligro? Eres una mala madre’”.

De los presentes en la sala, Homan era el más estridente. Llevaba décadas trabajando en la aplicación de la ley de inmigración, comenzando a los 20 años como agente de la Patrulla Fronteriza. Homan dijo que quería aplicarles las lecciones percibidas de la Operación Streamline a las familias migrantes, enjuiciando a los padres que cruzaron la frontera ilegalmente con sus hijos. Aunque muchas de estas familias llegaron a Estados Unidos en busca de asilo, con este nuevo modelo serían tratadas como delincuentes. Homan explicó que los padres serían puestos bajo custodia penal federal, al igual que con la Operación Streamline, solo que esta vez el proceso desencadenaría una separación familiar automática.

Este es el primer caso que he descubierto de separación familiar que se propone como forma de disuadir la migración a Estados Unidos. Esto convierte a Tom Homan en el padre de la que podría ser la política más controvertida de la administración de Trump. “La mayoría de los padres no quieren que los separen”, me dijo Homan recientemente. “Te mentiría si no pensara que eso tendriá un impacto”.

Homan reconoció que mucha gente lo consideraría malvado por proponer la idea, pero dijo que su intención era ayudar a las familias, no perjudicarlas. Se explicó contando una experiencia que, según dijo, todavía lo abruma. Un día de la primavera de 2003, dijo, recibió una llamada de la sede del ICE pidiéndole que acudiera a la escena de un crimen cerca de Victoria, una ciudad del sureste de Texas. Voló a la frontera, donde más de 70 inmigrantes habían sido descubiertos metidos en la parte trasera de un camión sobrecalentado. Cuando las autoridades los encontraron, 17 de los pasajeros ya estaban muertos; dos más murieron poco después. Los cuerpos sin vida salían a borbotones del camión. La mayoría de los pasajeros se habían quitado la ropa interior para aliviar el calor.

Cuando Homan inspeccionó el remolque, vio a un niño que resultó tener 5 años (la misma edad que el hijo menor de Homan) tumbado en el regazo de su padre, ambos muertos. “Me arrodillé, puse mi mano sobre la cabeza del niño y recé, porque solo podía imaginar cómo debía ser su última hora de vida, lo asustado que debía estar. No podía respirar, en la oscuridad, suplicándole a su padre que lo ayudara. Su padre no podía ayudarlo. ¿En qué estaba pensando su padre? Él lo había puesto en esa posición, ¿no? Su padre probablemente estaba diciendo: ‘No puedo creer que haya hecho esto’”. Dijo que tuvo que asistir a terapia debido a esta experiencia. “Ese caso me convirtió en lo que soy hoy, porque se puede prevenir. Podemos evitarlo”.

Homan dijo que pensaba en familias como esta cuando le planteó al secretario Johnson la idea de perseguir a los padres y llevarse a sus hijos. Sí, las familias separadas sufrirían, reconoció, pero al menos “no están muertas”.

“El objetivo no era traumatizar”, añadió. “El objetivo era detener la locura, detener la muerte, detener la violación, detener la muerte de los niños, detener a los cárteles haciendo lo que estaban haciendo”.

Cuando la política oficial de Tolerancia Cero entró en vigor, en la primavera de 2018, la administración de Trump hizo un uso frecuente de esta defensa. La escuché una y otra vez mientras realizaba entrevistas para este reportaje: Se separó a las familias no para hacerles daño, sino para mantener a salvo a otros como ellos. Lo que nunca oí reconocer a nadie fue que los métodos de “disuasión”, como la separación de familias, han demostrado que aumentan la probabilidad de estos terribles resultados, porque una aplicación más dura de la ley induce a los niños y a las familias a intentar cruzar a escondidas la frontera utilizando métodos más peligrosos, como esconderse en la parte trasera de un tráiler.

Johnson acabó rechazando la propuesta de Homan. Aunque profesó su creencia en el valor de la disuasión, dijo que, como padre, no podía soportar la separación de los niños de sus padres.

“La separación de familias se planteó y se rechazó por dos razones”, me dijo Johnson recientemente. En primer lugar, “ya tenía en mi mente la vívida imagen visual de una madre aferrada a un niño en una estación de detención de la Patrulla Fronteriza, y no iba a pedirle a alguien de la Patrulla Fronteriza o del ICE que se llevara a ese niño”. En segundo lugar, “se habrían desbordado” los albergues gubernamentales para niños. “Así que era despiadado y poco práctico”.

El equipo C se reúne

(Noviembre de 2016–enero de 2017)

En la rama ejecutiva del gobierno estadounidense, las ideas políticas son tradicionalmente examinadas en primer lugar por expertos en la materia (personal de nivel inferior cuyos conocimientos son específicos y profundos). Las ideas que aprueban son elevadas a los gestores que están familiarizados con múltiples áreas de estudio y, por lo tanto, con las implicaciones más amplias de una posible política. Por último, las propuestas se entregan a los responsables políticos que se aseguran de que cumplen los objetivos de la administración. Solo las políticas que sobreviven a estos niveles de examen se les presentan a los directores, es decir, a los secretarios del Gabinete o a los jefes de las agencias, que deciden, sobre la base de exhaustivos informes, si las autorizan o no.

El sistema tiene múltiples propósitos: Evita que los altos cargos se enreden tanto en los detalles de una parte de su agenda que descuiden otra. Y, dado el escaso conocimiento de primera mano que tienen, se supone que evita que los que tienen autoridad tomen decisiones desinformadas. “Es un secreto muy mal guardado en Washington que los directores nunca tienen idea de lo que están hablando”, me dijo un funcionario de la Casa Blanca de Trump. Tengan eso en cuenta mientras avanzamos en esta línea de tiempo.

Cuando Donald Trump se preparó para cubrir los puestos políticos que se encuentran en la cima de la burocracia en enero de 2017, contaba con un pequeño banquillo del cual sacar provecho. Durante la campaña de Trump, muchos republicanos prominentes habían jurado públicamente no apoyarlo nunca. La lista se redujo aún más cuando Chris Christie, el jefe de la transición de Trump, fue despedido. Cuando Christie se fue, también lo hicieron muchos de los republicanos del grupo de poder que estaban alineados con él. Era el momento de incorporar al equipo C.

Los nombramientos políticos que llegaron para trabajar en cuestiones de inmigración en la nueva administración pueden clasificarse en dos grupos.

En el primer grupo estaban los republicanos del grupo de poder (me referiré a ellos como los Careerists [arribistas]), que no estaban obligados por el presidente sino por la llamada a servir a su país, así como por la ambición personal: Con tan pocos candidatos cualificados deseosos de trabajar para Trump, los que estaban dispuestos a hacerlo se instalaron unos cuantos peldaños más arriba en la burocracia de lo que probablemente habrían hecho en una administración tradicional. Al igual que otros republicanos moderados, seguían esperando que Trump fuera menos errático y extremo como presidente de lo que había sido como candidato. Y si no, se decían, la burocracia los salvaría: Las ideas más extravagantes de Trump nunca sobrevivirían a las capas de revisión de los expertos.

Algunos miembros de este grupo procedían de una comunidad muy unida de expertos en seguridad nacional que habían ocupado los peldaños más bajos de la dirección del Departamento de Seguridad Nacional cuando se creó. Ahora, a mitad de carrera y entrando en la madurez, habían permanecido en estrecho contacto; en los actos de los antiguos alumnos de Bush, normalmente se les podía encontrar reunidos en torno a cuestiones de ciberseguridad o antiterrorismo. No eran especialmente beligerantes en materia de inmigración según los estándares del GOP de Trump. Entre este grupo se encontraba Kirstjen Nielsen, directora de política de la Administración de Seguridad de Transporte en el momento de su fundación, que fue seleccionada para “acompañar” a John Kelly, el candidato del presidente a secretario del DHS, en su proceso de confirmación. Más tarde se convertiría en el rostro de las separaciones familiares.

Para el segundo grupo (me referiré a ellos como los Hawks [halcones]), Trump fue un vehículo para la implementación de ideas que habían estado perfeccionando durante años. Reforzó sus planes para reducir la inmigración después de ver lo populares que eran en los mítines de la campaña. El mérito de ese éxito recayó en Stephen Miller, el líder de los Hawks, que ya había alcanzado una pequeña infamia mientras trabajaba como director de comunicaciones del senador Jeff Sessions de Alabama. Firmó como redactor jefe de discursos y asesor principal del presidente. Sessions, que anteriormente había sido condenado al ostracismo por su propio partido por su postura casi fundamentalista sobre la inmigración, se convirtió en el primer fiscal general de Trump.

Menos conocido que Miller, tenemos a Gene Hamilton, un abogado que había trabajado para el ICE en Atlanta antes de ir al Capitolio como consejero general del entonces senador Sessions. Se convirtió en consejero principal del secretario Kelly. La reputación de Hamilton es compleja; entre sus colegas se destacaba por ser excepcionalmente amable y, de hecho, orientado a la familia, y con frecuencia les preguntaba a sus colegas por sus hijos y su vida personal. Pero creía que las leyes de inmigración debían aplicarse con un rigor draconiano. Aunque Atlanta tenía los tribunales de inmigración más severos del país, donde más del 90 % de los acusados inmigrantes perdían sus casos, él había dejado ese trabajo enfadado, según un antiguo colega, porque sentía que a demasiados inmigrantes indocumentados se les daba un “pase libre”. (Miller no quiso hacer comentarios para este artículo. Hamilton no respondió a las solicitudes de comentarios).

Para dotar de personal a su equipo en la Casa Blanca, Miller contrató a una serie de personas procedentes de puestos secundarios de antiinmigración del Washington oficial. Muchos habían ayudado personalmente a frustrar los esfuerzos de reforma bipartidista en el pasado. Ahora planeaban eludir el Congreso por completo, utilizando toda la autoridad presidencial posible para dar forma a las políticas de inmigración de la nación sin ninguna aportación de los legisladores.

Los Hawks sabían que sus planes iban a ser controvertidos, pero no les importaba. Los nuevos colegas eran vistos como liberales encubiertos hasta que se demostrara lo contrario. “Existe este culto al proceso”, me dijo John Zadrozny, que se unió al equipo de Miller como miembro del Consejo de Política Interior de la Casa Blanca. “Proceso, proceso, proceso. Proceso es el código para ‘Podemos frenar los rápidos impulsos de una administración política sin expertos’. Pues eso no es lo que se votó”.

“Nuestra postura fue: ‘Si no quieren tomar estas decisiones difíciles, váyanse’”, dijo Zadrozny. “‘Hay muchos de nosotros aquí que haremos estas cosas y dormiremos por la noche… Sabemos que recibiremos algunas flechas. No pasa nada. Para eso estamos aquí’”.

Propensos a la paranoia y a la insularidad, los Hawks firmaron acuerdos de confidencialidad y se reunieron durante la transición en sesiones secretas en el cuarto de guerra, sin que el personal del consejo general les dijera que sus ideas eran ilegales o los burócratas las consideraran irreales. Compusieron una serie de órdenes ejecutivas, muchas de las cuales parecían más bien comunicados de prensa, aunque Miller las utilizaría más tarde para obligar a los secretarios del Gabinete a cumplir sus deseos.

En cualquier otra administración presidencial, el desprecio de Miller por la cadena de mando habría sido motivo de despido. Pero poseía una especie de mística que lo aislaba de las consecuencias. Casi nadie, incluidos los secretarios del Gabinete, se atrevió a desafiarlo, incluso cuando los condujo a la distracción. (Al menos un secretario del Gabinete negoció una prohibición efectiva para no tener que tratar nunca directamente con Miller, y otro exigió que Miller no hablara nunca con sus subordinados sin permiso, una orden que Miller no acató).

Miller supo gestionar mejor que otros asesores su relación con el presidente. Evitó el protagonismo y nunca se opuso, como hicieron otros, a las ideas más irreflexivas del presidente. Pero cuando les pregunté a sus colegas por qué se le concedía tal protección, me recordaron que se trataba de una administración plagada de inseguridad y síndrome del impostor: El presidente y su familia no esperaban ganar las elecciones de 2016. Cuando lo hicieron, se formó una narrativa que daba crédito a Miller, y a sus discursos sobre inmigración. Los mensajes de Miller llegaron a considerarse cruciales para asegurar un segundo mandato.

En las reuniones sobre la política de inmigración durante la transición, Miller y Gene Hamilton demostraron lo poco que entendían sobre la aplicación de las leyes fronterizas. Según las personas que asistieron a las reuniones, propusieron ideas extravagantes, como el envío de tropas de la Guardia Nacional a la frontera para impedir que los inmigrantes pisaran suelo estadounidense, o la construcción de barreras a través de terrenos privados, incluso a través de vías fluviales en las que dichas estructuras no podrían resistir los patrones climáticos estacionales. “Hablaban como personas que nunca estuvieron en la frontera”, dijo un funcionario.

Pero en lugar de oponerse a las malas ideas en esas primeras reuniones, los Careerists se limitaron a poner los ojos en blanco y a compadecerse después. Les pregunté a varios de ellos por qué no habían explicado las razones obvias por las que no debían aplicarse esas políticas. Me dijeron que se trataba de un entorno de “hablar cuando se le habla”. Y precisamente porque las propuestas que se barajaban eran tan terriblemente malas, confiaban en que la burocracia las neutralizaría. Al final, estos funcionarios asumieron (incorrectamente) que el único daño que harían esas reuniones sería el tiempo que perdían.

Una idea que afloró en múltiples ocasiones a principios de 2017 fue la propuesta de Tom Homan, de la época de Obama, de perseguir a los padres que llegaran a la frontera con sus hijos y separarlos. John Kelly, que no ocultó su disgusto por los Hawks, me dijo que Stephen Miller le lanzó la idea directamente, con el apoyo de Hamilton. Kelly llegó a su puesto en desventaja, al igual que Kirstjen Nielsen, a quien había nombrado jefe de gabinete. Aunque entendían, a un alto nivel, los factores incitadores y disuasivos que influían en las tendencias de la inmigración, tenían poco conocimiento del código federal de inmigración real o de los mecanismos a través de los cuales se aplicaba. Esto hizo que Kelly dependiera del conocimiento del sistema de Hamilton, a pesar de su desprecio por la política de éste. “Había una dinámica inusual en la que Kelly se burlaba de Gene”, me dijo un alto funcionario del DHS sobre las reuniones matutinas del personal. “Decía: ‘Oh, Gene-O, ¿te ha llamado tu amigo Stephen últimamente?’ Esa era la forma en que Kelly decía: ‘Sé que tienes amigos en todos estos lugares y que hay una red de inmigración de derecha aquí, pero yo soy el jefe, así que asegúrate de que todo pase por mí’”.

Kelly me dijo que se oponía inmediatamente a la separación de familias, no solo por motivos morales, sino también por razones pragmáticas: Basándose en su propia experiencia en Centroamérica, no creía que fuera a funcionar. Kelly sabía que el argumento moral no convencería a Trump, así que se centró en los desafíos logísticos. Pidió una revisión superficial de la política, tras la cual llegó a la misma conclusión que Jeh Johnson: Aunque la idea era probablemente legal, era tremendamente impráctica: ejecutarla con éxito requeriría cientos de millones de dólares para construir nuevos centros de detención y meses para formar al personal tanto de Seguridad Nacional como de Salud y Servicios Humanos, este último encargado de atender a los niños separados. (En marzo de 2017, Kelly dijo a la CNN que la idea estaba en estudio, alimentando rumores y confusión que perdurarían durante el año siguiente).

Basándose en esta revisión, me dijo Kelly, decidió definitivamente no autorizar un programa de separación. Compartió su decisión públicamente, primero en una reunión con los demócratas del Senado el 29 de marzo de 2017, y posteriormente con la prensa.

Después de eso, Kelly me dijo que cada vez que se proponía la idea en una reunión del Gabinete o de otro tipo, se refería a los resultados de la revisión, como si leyera un guión: Separar a las familias era sencillamente imposible. Le dijo a Trump que el presidente tendría que pedirle al Congreso los fondos para ello, sabiendo que nunca aceptaría hacerlo, “porque eso lo vincula a la política, y pierde la negación”, dijo Kelly.

Pero la idea de separar a las familias seguía adelante de todos modos, por numerosas vías a la vez, incluidas algunas que estaban fuera de la vista de Kelly. El día de San Valentín de 2017, Kevin McAleenan, ahora jefe en funciones de Aduanas y Protección Fronteriza, organizó una gran reunión con representantes de la CBP, el ICE, el HHS y un grupo de Hawks de la Casa Blanca.

Al otro lado de la mesa de los Hawks, tanto literal como figurativamente, estaba Jonathan White, el trabajador social. Antiguo académico, White se había convertido en comandante del Cuerpo Comisionado del Servicio de Salud Pública de Estados Unidos, y había ascendido rápidamente dentro del HHS: Semanas antes de que Trump fuera elegido presidente, White había sido designado para dirigir el programa que alberga a los niños inmigrantes bajo custodia del gobierno estadounidense, una división de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR). Junto con la mayoría de los empleados de esa oficina, es un experto en traumas infantiles. Considera que los niños bajo el cuidado de la oficina son los más vulnerables del hemisferio occidental, no solo porque están solos en un país extranjero, sino porque “se salen de los gráficos en lo que respecta a las ACE”, o experiencias adversas de la infancia, como la exposición a la violencia, la inseguridad alimentaria y la sensación de que su vida está en riesgo. Incluso antes de que Trump asumiera el cargo, la ORR se había quedado a menudo fuera de las reuniones porque se la consideraba un impedimento para la implementación de las políticas de la frontera.

fotografía de una gran mesa de juntas con botellas de agua y papeles rodeada de personal vestido formalmente con banderas de Estados Unidos y del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y un sello en la pared de atrás
El secretario de Seguridad Nacional, John Kelly, y Kirstjen Nielsen, entonces jefa de personal de Kelly, se reúnen con Tom Homan, Gene Hamilton, Matt Albence y otros altos mandos del DHS en marzo de 2017. (Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU.)

White dice que el ambiente era como un rally de ánimo, con dos diputados de Tom Homan, Matt Albence y Tim Robbins, anunciando sus planes para asegurar la frontera, que incluían la separación de las familias migrantes. (Robbins no respondió a las solicitudes de comentarios). Cuando se describió la iniciativa, dice White, se puso pálido y empezó a pensar en una estrategia para detenerla. Pidió un libro blanco en el que se articulase la idea, sabiendo que tener esa documentación le permitiría presionar contra la separación de familias directamente al secretario de Salud y Servicios Humanos, Tom Price, y compartirla con otras partes de la burocracia del HHS que podrían empezar a esbozar sus muchos defectos éticos y logísticos. (Los documentos muestran que White seguiría solicitándoles el libro blanco a los funcionarios de la CBP y el ICE, que prometieron que se realizaría, aunque nunca se materializó).

Mientras tanto, Kelly se enteró de que Miller se estaba contactando con varios funcionarios del DHS para impulsar la idea de separar a las familias, y se puso furioso. Kelly irrumpió en una de sus reuniones matutinas de personal y declaró que cualquiera que se pusiera en contacto con Miller tenía que informárselo directamente a Kelly, y que, en cualquier caso, el DHS no seguiría adelante con la idea, sin importar cuántas veces se planteara. Le dijo a Reince Priebus, el jefe de personal de Trump, que mantuviera a Miller alejado de sus subordinados en el DHS.

Cuando Kelly sustituyó a Priebus como jefe de gabinete de Trump, pensó que había cerrado definitivamente el debate sobre la separación de familias. Pero ya estaba en marcha una iniciativa local que pronto se utilizaría para justificar las separaciones a escala nacional.

El piloto

(Marzo–noviembre de 2017)

En la primavera de 2017, cuando los cruces ilegales de la frontera estaban sufriendo su típico repunte estacional, Jeff Self, el jefe de la Patrulla Fronteriza en El Paso, Texas, actuó siguiendo un mensaje general que él y otros jefes de sector habían recibido tras la elección de Trump: trabajar con sus homólogos locales del Departamento de Justicia (DOJ) para reprimir los cruces de la frontera al servicio de la agenda del nuevo presidente. Self decidió que la mejor manera de hacerlo sería que sus agentes empezaran a remitir a los padres que viajan con niños para que los procesen. Aunque probablemente no se diera cuenta en ese momento, Self estaba sentando las bases de una política nacional de separación de familias. Más tarde, los funcionarios federales llamarían a su iniciativa local “piloto” y la utilizarían como modelo para expandir la práctica a nivel nacional. (Self no quiso hacer comentarios para este artículo).

Un agente de la Patrulla Fronteriza que trabajaba bajo las órdenes de Self envió un correo electrónico a un fiscal adjunto del Distrito Oeste de Texas para informarle sobre la divergencia de la práctica anterior. Aunque está redactado de tal manera que sugiere un cambio administrativo insignificante, el correo electrónico estaba describiendo de hecho una reactivación de la idea que Tom Homan le había propuesto a Jeh Johnson en 2014: utilizar el enjuiciamiento y la separación de las familias como medio para disuadir a los posibles migrantes.

En ese momento, el Distrito Oeste de Texas estaba siendo dirigido por Richard Durbin, que mantenía caliente el puesto de fiscal de Estados Unidos hasta que se pudiera nominar y confirmar a un designado por Trump. Durbin, que llevaba décadas en la oficina, respondió al cambio de política con escepticismo. “La historia no lo juzgaría amablemente”, les escribió a sus colegas. Aunque Durbin estaba de acuerdo en que eximir a todos los padres del enjuiciamiento parecía poco inteligente, dijo que no tenía “ninguna confianza” en la capacidad de la Patrulla Fronteriza para determinar cuáles merecían ser enjuiciados. “No queremos que los niños pequeños sean separados de sus padres y colocados en algún servicio infantil burocrático o en una agencia de acogida en el limbo”.

Durbin finalmente consintió en procesar a algunos padres, pero quería centrarse en aquellos que también estaban siendo acusados de delitos mucho más graves. “Si la culpabilidad es muy baja y están con sus propios hijos no necesitamos procesarlos”, escribió en un correo electrónico. “Si son un sicario debemos procesar y averiguar cómo tratar humanamente a los niños”.

Pero las instrucciones enviadas a los agentes de la Patrulla Fronteriza, que obtuve a través de una solicitud de la Ley de Libertad de Información (FOIA), no contienen ninguna de las limitaciones que Durbin solicitó, sino que enfatizan que “se contactará con la oficina del Fiscal de los Estados Unidos para buscar el procesamiento de los adultos de cada unidad familiar arrestada”. El documento se dedica sobre todo a advertirles a los agentes de que no deben ponerse en contacto con los fiscales adjuntos sobre los casos a altas horas de la noche o durante los fines de semana. No contiene ninguna orientación sobre cómo separar a los padres y a los hijos o qué debe decirse a cada uno de ellos sobre lo que está ocurriendo.

Una persona familiarizada con el pensamiento de Durbin me dijo que se sintió indignado cuando descubrió que el cambio de política de la Patrulla Fronteriza no pretendía castigar a los criminales más duros que podrían haber estado utilizando a los niños para entrar en Estados Unidos, sino que era una estrategia para disuadir a las familias que buscan asilo. “Me engañaron”, dijo Durbin. “No les importaban nuestros procesos judiciales. Querían una razón para separar a los niños de sus padres”.

A Wesley Farris, agente de la Patrulla Fronteriza en El Paso, se le pidió que se encargara de algunos de los casos de separación. En uno de ellos, un niño de unos 2 años se aferró a él confundido, negándose a soltarlo. “El mundo estaba al revés para ese niño”, dijo Farris a Frontline de PBS. “Ese hecho me abrumó”. Farris le dijo después a su supervisor que no le asignara más casos de separación. “Fue lo más horrible que he hecho en mi vida”, recordó. “No puedes evitar ver a tus propios hijos”.

Mientras tanto, la Patrulla Fronteriza de El Paso comenzó inmediatamente a buscar la expansión de la iniciativa de Jeff Self a Nuevo México. “Aunque siempre es una decisión difícil separar a estas familias”, le escribió un agente al fiscal en funciones de ese estado, “se espera que esta separación actúe como elemento disuasorio para los padres que traen a sus hijos en las duras circunstancias que se dan al intentar entrar ilegalmente en Estados Unidos”. También se produjeron algunas separaciones en Yuma, Arizona, en el marco de otra iniciativa.

memorando escaneado enviado en El Paso con instrucciones para los agentes de la CBP para separar a las familias sin detalles sobre cómo hacerlo
Las instrucciones que se enviaron a los agentes de la Patrulla Fronteriza que desarrollaron el programa piloto de separación de familias en El Paso, Texas, no incluían ninguna guía sobre cómo separar a los padres y a los hijos ni qué debía decirse a cada uno de ellos sobre lo que estaba ocurriendo.

En la primavera de 2017, Nora Núñez, una defensora pública en Yuma, se dio cuenta de que los bloques de celdas del tribunal federal estaban desbordados de detenidos, muchos de ellos padres histéricos. El sistema ya estaba sometido a la presión de otros procesos, por lo que Núñez tuvo que moverse con rapidez para evitar que todo se desmoronara. “Tener que ponerse muy firme con alguien que estaba llorando y alterado porque no sabía dónde estaba su hijo era desgarrador”, me dijo.

Aunque Núñez nunca había visto que se presentaran cargos por delitos menores contra los padres que emigraban con sus hijos, supuso que las familias se reunirían tan pronto como se completaran sus casos, por lo que apresuró el proceso aún más de lo habitual. Núñez se dio cuenta meses más tarde de que cuando sus clientes fueron devueltos a la custodia de inmigración, muchos de sus hijos habían sido enviados a refugios en diferentes estados.

Alma Acevedo, que entonces trabajaba en Bethany Christian Services en Michigan, dijo que la organización estaba inundada de niños tan inconsolables que enseñarles era imposible. “No eran solo lágrimas”, me dijo Acevedo, como informé en su momento. “Eran gritos”.

Cuando Acevedo consiguió contactar por teléfono a los padres, le pidieron consejo sobre si debían firmar el papeleo que les habían entregado los funcionarios de inmigración. Acevedo temía que se les pidiera a los padres que consintieran sus propias deportaciones. “Los padres dicen: ‘El oficial de inmigración me dijo que, si firmaba este documento, me devolverían a mi hijo’”, dijo. “Los padres firmaban desesperados y luego, lo siguiente que hacían era llamarme desde su país de origen y decir: ‘Estoy aquí, ¿dónde está mi hijo? Devuélveme a mi hijo’. Era muy triste y deprimente escuchar a los padres llorar todo el tiempo”.

Explicar la situación a los niños que habían sido separados era aún más difícil. “Los terapeutas y yo nos reuníamos con los niños y utilizábamos dibujos o marionetas. Les decíamos: ‘Tu papá está muy lejos’, y les mostrábamos algo así como ‘esto es Guatemala y esto es Estados Unidos, y ustedes están muy lejos’”. Aprendió a no darles a los niños separados ningún plazo concreto sobre cuándo podrían volver a ver a sus padres, porque los niños se aferraban a esas promesas, por vagas que fueran, y luego preguntaban por ellas constantemente. “Teníamos que decir: ‘En muchos, muchos días te reunirás con tu padre, pero tenemos que hacer mucho papeleo’”.

Los supervisores en Bethany y de otras organizaciones que gestionan refugios llamaron repetidamente a la sede de Salud y Servicios Humanos en Washington, presionando para obtener detalles sobre lo que estaba ocurriendo, pero no les dieron ninguno. A algunos les dijeron que no hablaran con los medios de comunicación.

Ignorar las advertencias

(Julio–diciembre de 2017)

Cuando John Kelly abandonó el Departamento de Seguridad Nacional para convertirse en el jefe de gabinete del presidente Trump en julio de 2017, Stephen Miller y Gene Hamilton se movieron en tándem para llenar el vacío de poder que creó la salida de Kelly. Parecían decididos a instituir las separaciones de familia en toda la nación.

Elaine Duke, adjunta de Kelly, se convirtió en la secretaria de Seguridad Nacional interina. Duke solo se había unido a la administración de Trump después de haber sido persuadida de su jubilación por antiguos colegas desesperados por ocupar los puestos vacantes en el DHS. A las pocas semanas de que tomara las riendas del departamento, se enfrentó a dos desastres naturales (el huracán Harvey y el huracán María) y Miller y Hamilton vieron una oportunidad en su distracción.

Miller llamó por teléfono al personal del DHS día y noche, acribillándolos con demandas e intimidando a los burócratas de carrera para que llegaran a un supuesto consenso sobre sus ideas. En una reunión celebrada ese otoño, Hamilton distribuyó un documento con una lista de más de una docena de políticas de inmigración que, según varias personas presentes, la Casa Blanca quería aplicar. En primer lugar, se proponían dos métodos para lograr la separación de las familias: por vía administrativa (colocando a los niños y a los padres en centros de detención separados) o a través de procesos penales, que pondrían a los padres bajo la custodia del Departamento de Justicia en lugar de la del Departamento de Seguridad Nacional. En ambos casos, los niños serían entregados a una división del Departamento de Salud y Servicios Humanos. (El proyecto piloto de El Paso todavía estaba en marcha, sin que lo supiera la mayoría de las personas de la sede del DHS, incluida Duke).

Duke se negó a seguir adelante con las separaciones administrativas y pidió asesoramiento sobre la iniciativa de la fiscalía a John Kelly, quien le aseguró que, si el presidente quería que hiciera algo, se lo hubiese dicho él mismo. Duke estuvo de acuerdo y procedió en consecuencia. “Había una desconexión entre los que tenían fuertes opiniones sobre los asuntos y los que podían firmar cosas”, me comentó Duke. “Y yo era la que tenía la autoridad para firmar cosas”.

La mayor parte del personal de Duke eran moderados. En ese momento, me dijeron muchos de ellos, seguían creyendo que la idea de Hamilton de separar a las familias a nivel nacional era tan descabellada que no la tomaban en serio. “Lo que recuerdo haber dicho es: ‘Esta es la propuesta más ridícula, así que esto ni siquiera requiere tanto trabajo’”, comentó un alto funcionario del DHS. Pero Miller, reconociendo la resistencia de Duke, empezó a rodearla, a su jefe de personal, Chad Wolf, que pidió que la oficina de políticas del DHS presentara documentación que respaldara las propuestas de Hamilton. Poco después, indicó este funcionario, “empezó a recibir llamadas telefónicas de Chad Wolf, y se notaba que estaba bajo una tremenda presión, que decía: ‘Tengo que tener esa documentación, ¿dónde estamos con la documentación?’. Y yo le dije: ‘Chad, tú sabes y yo sé que el gobierno no funciona así. Tenemos que conseguir un montón de miradas en el asunto. Tenemos que averiguar si esto es legal, moral, ético, una buena política, orientada al éxito, etc.’.

“Lo que siguió fue un montón de mala administración”, continuó el alto funcionario. “Se elaboraron malos borradores de memorandos. Subieron por la cadena, pero eran malos porque no eran políticas totalmente examinadas”.

Varios de los funcionarios del DHS que estuvieron presentes en la reunión con Hamilton me dijeron que después de unas semanas, las conversaciones sobre la separación de familias se agotaron, por lo que asumieron que la idea había sido abandonada, o al menos postergada. Pero no fue así, sino que se excluyó de las siguientes reuniones a los que se consideraban escépticos. “Creo que lo que más recuerdo es que yo no participaba en los debates”, afirmó Duke, y añadió que, tal vez por ser considerada una persona moderada, “no estaba en el círculo íntimo”.

Dentro y fuera del gobierno, la gente empezaba a notar que las separaciones ya estaban en marcha. Los abogados de inmigración que ejercían en Texas y Arizona empezaron a informar de casos individuales de separación a redes nacionales de activistas, que empezaron a redactar una queja oficial para presentarla al inspector general del DHS. Esos activistas también empezaron a compartir los casos con los periodistas, que prepararon artículos sobre ellos. Pero la oficina de prensa del DHS insistió en que no había cambiado ninguna política.

A lo largo del verano y el otoño surgieron problemas en las regiones piloto. Bajo las pautas impuestas por Richard Durbin, que todavía era el fiscal federal en funciones en El Paso, los abogados del DOJ en el sector rechazaron dos tercios de los casos que les remitió la Patrulla Fronteriza. A pesar de ello, algunos de los peores resultados que Durbin había previsto y tratado de evitar estaban ocurriendo. “Ahora nos enteramos de que apartamos a las madres demandadas que amamantan a sus bebés, no lo creí hasta que miré el registro de servicio y vi el hecho de que habíamos aceptado el enjuiciamiento de madres con niños de uno y dos años”, le escribió en agosto el jefe penal adjunto de Durbin. “El siguiente problema es que estos padres preguntan por el paradero de sus hijos y no obtienen respuesta”.

Fotoilustración del testimonio de una familia separada: “Cuando se enfermó, los oficiales la llevaron a bañarse sola y no me dejaron ir con ella, pero después no la volví a ver. No sabía lo que le sucedió”.

Los expedientes de la FOIA muestran que, en el verano de 2017, la Oficina de Derechos Civiles y Libertades Civiles del DHS, que sirve como vigilante interno de las violaciones de los derechos civiles por parte de la agencia, observó un drástico aumento de las quejas relacionadas con las separaciones, pero permaneció en la penumbra sobre lo que las motivaba. El aumento de las separaciones también estaba siendo rastreado por el HHS. Poco después de la reunión del día de San Valentín de 2017, en la que se presentó la idea de separar a las familias, Jonathan White y varios colegas iniciaron una campaña interna para tratar de impedir las separaciones.

Los documentos que obtuve muestran que White llevó sus preocupaciones sobre la propuesta de separación de familias a sus superiores muchas veces, y les pidió que preguntaran sobre ello al DHS. Subrayó que el sistema de albergues del HHS no estaba preparado para acoger a un gran número de niños separados de sus familias, que suelen ser más jóvenes que los que cruzan la frontera solos, y requieren un alojamiento especializado que escasea. Con la esperanza de captar la atención de otros miembros de la burocracia que podrían movilizarse contra la política, White insertó repetidamente referencias sutiles a las inminentes separaciones de familias en los informes internos y externos que escribió, incluso en los que no estaban relacionados con el tema. Mientras tanto, su colega James De La Cruz, administrador del HHS, inició un esfuerzo para rastrear todos los casos posibles de separación y para elaborar una estrategia sobre cómo ayudar a reunir al mayor número posible de familias.

Pero las preocupaciones de White fueron interceptadas por su jefe, designado políticamente, Scott Lloyd, que no estaba dispuesto a ayudarlo. Lloyd me contó que tiene muchos parientes en el ámbito policial y penitenciario; estaba predispuesto a apoyar las opiniones de las autoridades del orden público por encima de las de su propio departamento. “Tenía afinidad con el DHS y simplemente solía tomarles la palabra, y me molestaba cuando las personas no lo hacían”, comentó.

Finalmente, a mediados de noviembre de 2017, White consiguió llamar la atención de Lloyd con un alarmante correo electrónico. “Anoche tuvimos escasez de camas para bebés”, escribió White. “En general, las colocaciones de bebés parecen estar subiendo en las últimas semanas, y creemos que se debe a más separaciones de las madres por parte de la CBP”.  Lloyd solicitó una llamada telefónica con Kevin McAleenan, para que White pudiera preguntar directamente al comisionado interino de Aduanas y Protección Fronteriza sobre lo que estaba viendo. Durante la llamada, el 16 de noviembre, McAleenan repitió la declaración de John Kelly de que se había considerado una política de separación, pero que finalmente se había rechazado. Lloyd se aferraría a esta afirmación durante meses, incluso cuando las pruebas parecían reclamar una medida de su parte. (Hoy, Lloyd afirma que considera que los hechos demuestran que actuó adecuadamente).

fotografía de un hombre calvo que usa lentes, lleva traje y corbata, hablando
Jonathan White, quien dirigió el sistema de albergues del HHS para niños inmigrantes no acompañados, apeló a sus jefes docenas de veces para tratar de evitar que se produjeran separaciones familiares. (J. Scott Applewhite / AP)

La advertencia de White hizo que McAleenan preguntara a su jefa interina de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, Carla Provost, qué estaba ocurriendo. Provost se enteró de la iniciativa de El Paso a través de Gloria Chávez, una de sus adjuntas, e inmediatamente cerró el programa. “Todavía no ha explotado en los medios de comunicación, pero por supuesto tiene el potencial de hacerlo”, escribió Provost a McAleenan. Después de esta clara indicación de que el programa piloto podría ser controvertido, McAleenan y otros en la CBP no revelaron el hecho de que había existido, incluso a otras agencias gubernamentales que estaban afrontando sus consecuencias.

A finales de noviembre, un empleado de la Patrulla Fronteriza envió un correo electrónico a varios colegas, incluyendo a Chavez, preguntando cómo responder a las preguntas de una reportera del Houston Chronicle, Lomi Kriel, que había sido informada sobre la iniciativa. En ese momento, Chavez no solo conocía el programa piloto, sino que había sido reprendido por no haber avisado antes a sus superiores. Sin embargo, el portavoz de la Patrulla Fronteriza que en última instancia respondió a Kriel citó un antiguo manual de políticas en el que se afirmaba que el protocolo de la agencia exigía mantener la unidad familiar “en la mayor medida operativamente posible”. (Tanto Provost como Chavez declinaron hacer comentarios para este artículo).

El artículo de Kriel anticipó lo que saldría mal en un programa a nivel nacional al año siguiente: problemas que los funcionarios del DHS que sirvieron durante el mandato de Trump ahora afirman que nunca podrían haber anticipado. “No hay mecanismos para permitir sistemáticamente que un padre o un hijo se localicen mutuamente una vez que han sido separados”, afirmó una ONG a Kriel. “Los miembros de la familia pierden la pista del otro”.

En diciembre, activistas de la inmigración presentaron su queja ante la oficina del inspector general del DHS detallando las experiencias de más de una docena de familias separadas, lo que llevó a los funcionarios de la CBP a reunirse con el asesor principal de la agencia, según los registros obtenidos a través de una solicitud de la FOIA. La queja, que se compartió con el Congreso y los medios de comunicación, señalaba que los niños separados de sus familias acababan en albergues de diferentes estados, tan lejos como Nueva York.

Durante meses después, en respuesta a las preguntas de los periodistas, los representantes del DHS seguirían afirmando que no había habido ningún cambio en el trato de la agencia a los padres que viajaban con niños, sin reconocer que el programa piloto ya había separado a cientos de niños de sus padres.

En enero de 2018, con la advertencia de una posible “separación permanente de familias” y “nuevas poblaciones de huérfanos estadounidenses”, los documentos que obtuve muestran que la Oficina de Derechos Civiles y Libertades Civiles del DHS recomendó que se establecieran criterios para evitar la separación de niños muy pequeños o especialmente vulnerables. También recomendaron que se creara una base de datos en línea que los familiares pudieran utilizar para encontrarse en el sistema de detención. Esta herramienta, si se hubiera creado, hubiera resultado inconmensurablemente valiosa al año siguiente, cuando miles de padres buscaban a sus hijos.

El resumen interno de la Patrulla Fronteriza sobre el programa piloto, del que no se ha reportado hasta ahora, también destaca posibles problemas como que los niños se pierdan o acaben en centros de acogida de larga duración. El documento repite versiones de la frase separación de familias más de 10 veces. A pesar de ello, los responsables de la CBP afirmaron que no tuvieron conocimiento de ningún problema que surgiera durante el programa.

Ignorancia ambiental

(Diciembre de 2017–mayo de 2018)

Al final de 2017, según funcionarios del DHS y de la Casa Blanca, Stephen Miller parecía estar perdiendo la paciencia con Elaine Duke, quien se había negado a aprobar ninguno de sus planes principales. En lugar de seguir discutiendo con el secretario interino del DHS, los Hawks de la Casa Blanca comenzaron a buscar un reemplazo.

El debate se centró en el Secretario de Estado de Kansas, Kris Kobach, quien había hecho carrera impulsando políticas controvertidas contra los inmigrantes. A John Kelly le preocupaba que alguien como Kobach supervisara el DHS. Por esta razón, propuso a Kirstjen Nielsen, quien había trabajado con él en la agencia y lo acompañó a la Casa Blanca como su número 2. Trump aceptó la recomendación de Kelly, quizá pensando que Nielsen sería flexible. Según sus colegas, Gene Hamilton estaba tan molesto cuando el presidente eligió a un candidato moderado para dirigir el DHS que se fue a trabajar para su exjefe Jeff Sessions en el Departamento de Justicia, pensando que desde allí podría tener un mayor impacto en las agresivas restricciones de inmigración.

Es de alguna manera irónico que la persona más asociada con la política de inmigración más dura de la administración Trump haya resultado ser Nielsen. Ella firmó el memorando que permite a los agentes de la Patrulla Fronteriza separar a los niños de sus padres para que se pueda procesar a los adultos. Pero Nielsen no había querido aprobar la política de Tolerancia Cero; durante meses, se negó a hacerlo. De hecho, a lo largo de su mandato como secretaria, los colegas de la administración acusarían a Nielsen de ser una “squish” una y otra vez. Cada vez iba un paso más allá para calmar a sus críticos. Al final, los siguió ciegamente.

En comparación con muchos de sus colegas de línea dura en el DHS, Nielsen era tecnocrática y prudente. Después de graduarse de Georgetown y de la Facultad de Derecho de la Universidad de Virginia, trabajó en un estudio privado de abogados en Texas, hasta que el 11 de septiembre la motivó a aceptar un puesto en la recién establecida Administración de Seguridad del Transporte (que pronto se convertiría en parte del DHS); también trabajó en la Casa Blanca de Bush y con el tiempo se convirtió en una de las principales expertas del país en política de seguridad cibernética.

Los propios empleados de Nielsen notaron que ella tenía considerablemente menos experiencia en liderazgo que cualquier secretario anterior del DHS, y algunos no estuvieron de acuerdo con eso. Antes de unirse a la administración Trump, había dirigido una empresa de consultoría que tenía unos cuantos empleados. Ahora dirigía una agencia que empleaba a un cuarto de millón de personas. Era excepcionalmente trabajadora, pero de una manera que no siempre hacía que sus colegas la quisieran. “Ella leía resúmenes de 80 páginas para el desayuno, el almuerzo y la cena”, me dijo un funcionario de alto rango del DHS, y agregó que, en las reuniones, Nielsen “hacía preguntas que te avergonzaban porque sabía más que tú sobre lo que se suponía que debías estar haciendo”.

Nielsen se ponía a la defensiva ante cualquier crítica al departamento. A diferencia de Kelly, que había dejado que los miembros del personal revisaran la pila de clips de noticias publicados sobre el DHS y solo compartieran con él los que consideraban importantes, Nielsen los revisaba de camino al trabajo todas las mañanas y ridiculizaba al personal porque no le habían avisado con anticipación sobre las historias negativas. Pero a los ojos de los asesores y el personal clave, cualquier cosa que escribiera la prensa era inherentemente sospechosa, probablemente histeria liberal. Por esta razón, veían las demandas de Nielsen de investigaciones sobre las denuncias de irregularidades por parte del personal del DHS como una molesta pérdida de tiempo. Cuando los medios nacionales describieron las separaciones de familias, gran parte de su personal no creía lo que se estaba informando, incluso cuando la evidencia clara lo respaldaba.

El DHS del que Nielsen tomó el control era prácticamente irreconocible en comparación con el que ella había trabajado cuando se inició bajo la presidencia de Bush. Su energía ahora estaba dirigida hacia la frontera suroeste, con mucha menos atención enfocada en otros asuntos, incluido el problema que había provocado su creación: el terrorismo global. La Casa Blanca convocó a Nielsen para hablar sobre inmigración con tanta frecuencia que comenzó a trabajar en una oficina improvisada en la sede cercana de CBP en Pennsylvania Avenue, lo que la acercó mucho a sus jefes de control de inmigración, Tom Homan y Kevin McAleenan.

Desde el momento en que recibió la confirmación, Nielsen envió un aluvión de propuestas de política de inmigración de Stephen Miller, que transmitió a través de incesantes llamadas telefónicas día y noche. Cuando John Kelly era secretario, ignoraba las llamadas nocturnas de Miller. Pero Nielsen terminó escuchándolo quejarse después de la medianoche con frecuencia.

Nielsen escuchaba a Miller, ya que sabía que su aprobación era crucial para su éxito en el trabajo. “Yo decía, ‘Está bien, Stephen, tendremos una reunión al respecto; conseguiremos los abogados y descubriremos qué es posible y lo analizaremos’”,  me dijo. “O le decía: ‘¿Hablaste con alguien en CBP? ¿Hablaste con alguien en HHS? ¿Hablaste con los abogados? ¿Qué dice [el abogado de la Casa Blanca] Don McGahn?’ Solo era él diciendo cosas y yo diciendo: ‘Está bien, Stephen, encontremos un proceso aquí. No hago política solo en base a las llamadas telefónicas contigo. Tenemos todo un departamento que dirijo’”.

fotografía en blanco y negro de una mujer de cabello oscuro que el viento le despeina, y que entrecierra los ojos por la luz del sol
Elaine Duke fungió como secretaria interina de Seguridad Nacional después de que John Kelly se convirtiera en jefe de gabinete de la Casa Blanca. Ella declinó la autorización relacionada con la separación de familias, y pronto fue marginada. (Justin Sullivan / AFP / Getty)

En este punto, Miller se había infiltrado profundamente en el DHS y había identificado aliados en sus peldaños más bajos que estaban de acuerdo con él o estaban abiertos a la persuasión. Bajo la cadena de mando tradicional, solo el liderazgo superior de un departamento tiene contacto directo con la Casa Blanca, para evitar malentendidos y decisiones tomadas por personas que carecen de autoridad. Ahora, empleados al azar en todo el DHS estaban hablando directamente con Miller y su equipo, quienes luego afirmaban tener la aceptación de sus ideas “del DHS”.

Las incursiones de Miller se extendieron al departamento de comunicaciones. Por ejemplo, solicitó fotos de inmigrantes detenidos con tatuajes, presuntamente para sugerir que la mayoría de los que cruzaban la frontera eran criminales reincidentes. Cuando se enfrentó a un rechazo, Lauren Tomlinson, asistente principal de comunicaciones del DHS, me dijo: “una llamada telefónica iba a otra persona más abajo en la cadena, y lo siguiente que sabíamos es que tenían las fotos. Simplemente seguían llamando hasta que conseguían un sí”.

Miller bloqueó a varios candidatos para reemplazar a Gene Hamilton como asesor principal del secretario del DHS, aparentemente con la intención de asumir él mismo el cargo de manera informal. El personal de Nielsen aprendió a no presentar a Miller ningún candidato que hubiera trabajado en la administración Bush, porque sería automáticamente rechazado. Unas cuantas personas pasaron por el puesto durante los meses siguientes, pero ninguno duró mucho, porque “nadie podía pasar la prueba de fuego de Miller”, recordó un alto funcionario del DHS.

Poco después de la confirmación de Nielsen en diciembre, los colegas de Kevin McAleenan dicen que comenzó a hacer campaña para una reunión sobre el aumento de los cruces fronterizos, algo que la Casa Blanca estaba presionando para que contuviera. Al igual que Nielsen, había buscado trabajo en Seguridad Nacional después del 11 de septiembre, y dejaba atrás una carrera en derecho corporativo. En la era de Trump, también estaba bajo presión para demostrar que no era un aplastador. Había superado a aquellos en el liderazgo de CBP que se habían abierto camino desde las líneas del frente de la Patrulla Fronteriza y que tendían a ver a los reclutas de liderazgo con currículums elegantes como “contrataciones de la calle”. Brandon Judd, el jefe del sindicato de la Patrulla Fronteriza, podría haber sido el escéptico más influyente de McAleenan. Judd se mantuvo en contacto cercano con Trump después de ganarse su afecto con un respaldo temprano en 2016, y en ocasiones asistía a reuniones privadas en el Despacho Oval donde presionó para que despidieran a McAleenan por ser demasiado débil en la aplicación de la ley.

Pero McAleenan atravesó hábilmente este terreno. Podría pasar por un Hawk, mientras profesaba una adhesión al evangelio de la disuasión, pero los candidatos moderados y los progresistas en el Capitolio apreciaron que fue más refinado que sus colegas más descarados durante las sesiones informativas del Congreso. Utilizó una gran cantidad de frases en latín (sui generis, ex ante, ex post facto) y palabras como confirmatorio, incluso durante una pequeña charla. En las reuniones, recitaba datos y estadísticas con tal facilidad que las personas se mostraban reacias a desafiarlo. Durante sus frecuentes apariciones en los medios, describió duras políticas de cumplimiento, y no se mostró como alguien que tenía una opinión muy fuerte acerca de ellas de una forma u otra, sino como el adulto sensato en la sala que se aseguraba de que se implementaran sin problemas. Con el tiempo, más de 15 de los colegas de McAleenan me dijeron que se convirtió en uno de los defensores más enérgicos de la Tolerancia Cero.

Chad Wolf, quien ahora era el jefe de personal interino de Nielsen, dijo a McAleenan que si quería una reunión con Nielsen sobre el creciente número de cruces fronterizos, primero necesitaba elaborar una propuesta con posibles soluciones para que ella las estudiara. A Nielsen le gustaba estar bien preparada antes de las reuniones, para evitar que la pusieran en aprietos por cuestiones que no había considerado adecuadamente. Esta terminó siendo una de las principales formas en que las políticas de inmigración extremas se retrasaron bajo las órdenes de Nielsen: Hacía preguntas en las reuniones que su personal no estaba preparado para responder y luego los enviaba a buscar más información.

Una fotoilustración con el juramento de Kirstjen Nielsen
Como secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen firmó el memorando que autorizó a los agentes de la Patrulla Fronteriza a arrebatar a los niños de sus padres. (Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU.)

“Había una broma que todos hacíamos, porque todo necesitaba la aprobación de la secretaria”, me dijo John Zadrozny, del Consejo de Política Nacional de la Casa Blanca. “Así que enviábamos algo al escritorio de la secretaria, y pasaban semanas en las que no habíamos recibido nada, y decíamos, ‘¿Dónde está esto?’ ‘Oh, está en el escritorio de la secretaria, jajaja’. Lo que significa que se quedó allí porque ella no deseaba lidiar con eso… Básicamente, siempre estábamos haciendo una tarea imposible”.

Cuando McAleenan y Homan finalmente presentaron una serie de ideas a Nielsen, ella y otros que estaban allí dicen que comenzaron proponiendo la separación administrativa de las familias. (Homan dice que no recuerda esto). Esto hubiera permitido a la agencia separar no solo a las familias que cruzaron la frontera ilegalmente, sino también a aquellas que se presentaron en los puertos de entrada legales y solicitaron asilo. Nielsen rechazó la idea sin pensarlo dos veces e invocó la decisión anterior de John Kelly, que consideraba que respetaba la política del DHS, le dijo a los hombres. Homan y McAleenan respondieron que los cruces fronterizos habían aumentado desde el mandato de Kelly como secretario y que otras estrategias para controlarlos no estaban funcionando. “Mi respuesta fue más o menos así: ‘Estoy de acuerdo en que necesitamos hacer algo grande’”, me dijo Nielsen. “‘Hablemos de opciones realistas’”.

McAleenan y Homan luego comenzaron a describir una iniciativa para procesar judicialmente a todos los adultos, incluidos los que viajan con niños, que cruzaron la frontera ilegalmente, y dijeron a Nielsen que un programa piloto en este sentido ya se había implementado con éxito en El Paso y que los procesos judiciales podrían servir como un elemento disuasorio a mayor escala.

Nielsen estaba molesta porque se había implementado un programa piloto, aparentemente como desafío a las órdenes de Kelly. Preguntó cómo el aparato de control fronterizo absorbería la carga de tantos procesamientos adicionales. McAleenan y Homan, quien ahora era el jefe del ICE, le aseguraron con irritación que las agencias involucradas “tenían un proceso”, sin especificar de qué se trataba. Insatisfecha con sus respuestas, Nielsen terminó la reunión diciéndoles que revisaran las respuestas a sus preguntas y le informaran.

Elizabeth Neumann, subjefa de personal de Nielsen, me dijo que estaba conmocionada por la indiferencia con la que McAleenan y Homan habían propuesto quitarle a un gran número de niños a sus padres. “No estaban captando la humanidad de la situación; solo se trataba de ‘Necesito sacarme a Stephen [Miller] de encima. Necesito sacarme al presidente de encima’”, dijo. (McAleenan niega esta información).

Después de la reunión, Neumann, que había pasado más de una década trabajando con Nielsen dentro y fuera del gobierno, dijo que se acercó a otro asesor principal para preguntarle si realmente se estaba considerando quitarles los niños a sus padres. Si la respuesta era sí, planeaba ejercer presión en contra de esto. El colega le dijo a Neumann que Nielsen se mantenía firme contra la separación de familias. “Me sentí realmente aliviada porque no sentí que tenía que tener la próxima conversación”, dijo Neumann.

Sí se dio cuenta de que la segunda propuesta, remitir a un proceso judicial a todos los adultos que cruzan la frontera ilegalmente, tendría el mismo resultado y todavía estaba sobre la mesa.

En todo Washington, surgió en varias reuniones una nueva iniciativa de procesamiento judicial de inmigrantes que la Casa Blanca estaba considerando. Pero la blandura con la que se describió, como una forma de tomar medidas enérgicas contra los infractores de la ley, sirvió como un juego de manos. Debido a que la fluidez en la política de inmigración es tan rara en Washington, pocas personas captaron todas las implicaciones de lo que se sugería hasta que ya estaba sucediendo.

Mientras Nielsen debatía estas propuestas, mis fuentes en el DHS me alertaron sobre su existencia. Una vez que confirmé los detalles, The New York Times publicó mi informe en diciembre de 2017, que incluía la historia de un padre y su hijo de 1 año que ya habían sido separados. The Washington Post publicó una historia sobre las propuestas el mismo día. La respuesta que ambos periódicos obtuvieron de la oficina de prensa del DHS no solo no reconoció que ya se estaban produciendo separaciones, también describió a las familias que buscan asilo en los Estados Unidos como abusivas de sus propios hijos: “Es cruel que los padres pongan la vida de sus hijos en manos de organizaciones criminales transnacionales y contrabandistas que no tienen ningún respeto por la vida humana y, con frecuencia, abusan o abandonan a los niños. El peligroso viaje ilegal hacia el norte no es lugar para niños pequeños y debemos buscar todas las medidas posibles para protegerlos”. La declaración aludía a “cambios de procedimiento, política, regulatorios y legislativos” que se implementarían “en un futuro cercano”.


A diferencia de Kirstjen Nielsen, Jeff Sessions es exactamente el tipo de persona que uno podría esperar que fuera responsable de una política que provocaría separaciones generalizadas de familias. A lo largo de su carrera, su enfoque tanto de la justicia penal como de la aplicación de la ley de inmigración podría definirse con la frase tolerancia cero, un término técnico de aplicación de la ley que casi siempre se usa de manera eufemística, porque es imposible acabar con todos los delitos. Pero para Sessions, la frase es literal. Apoyó el cumplimiento de todas las leyes, o al menos las que consideró importantes, en la mayor medida posible, sin lugar para matices o excepciones humanitarias.

En entrevistas, los funcionarios del DHS culparon a Sessions por ordenar la separación de miles de familias. Algunos miembros del personal de Sessions en el Departamento de Justicia también lo culparon. Gene Hamilton y Rod Rosenstein, el fiscal general adjunto, quienes se reveló que presionaron de forma persistente por la Tolerancia Cero en un informe publicado por el inspector general del Departamento de Justicia, dijeron a la oficina del Inspector General que lo hicieron únicamente bajo las órdenes de Sessions. (Sessions dice que el informe parecía estar políticamente sesgado, ya que señalaba el hecho de que se había filtrado antes de las elecciones de 2020. Dice que el presidente Trump había ordenado claramente al poder ejecutivo “reducir la ilegalidad migratoria en la frontera”. Rosenstein se negó a comentar para este artículo).

Si bien es cierto que Sessions presionó mucho por políticas agresivas de aplicación de la ley de inmigración, incluida la Tolerancia Cero, nada de lo que encontré en mis informes sugiere que procesar a los padres que viajan con niños fue idea suya, y nada de lo que hizo como fiscal general hizo que la política entrara en vigor desde una perspectiva legal.

No está claro exactamente cuánto entendió Sessions sobre la Tolerancia Cero. Dicen sus antiguos colegas que él no es alguien que se enreda en los detalles o que deja que los hechos se interpongan en el camino de lo que él piensa que es una buena idea. Sessions tuvo algunas distracciones durante su mandato como fiscal general debido a que se enfrentó a los constantes rumores de que había tenido interacciones inapropiadas con agentes rusos. También estaba tratando de salvar su relación con el presidente Trump, quien nunca perdonó a Sessions por recusarse de la investigación del Congreso sobre los vínculos de Trump con Rusia.

Una fotoilustración de Jeff Sessions y Thomas Homan en San Diego
El 7 de mayo de 2018, el Procurador General Jeff Sessions brindó una conferencia de prensa en San Diego para hacer pública la política de Tolerancia Cero. (Ariana Drehsler / Bloomberg / Getty)

En una burocracia en funcionamiento, nada de esto debería haber representado un gran impedimento para la comprensión de Sessions de la Tolerancia Cero: Por lo general, un secretario del Gabinete toma decisiones sobre la base de las recomendaciones presentadas por los asesores, que a su vez se basan en el análisis de expertos. Pero el principal asesor de inmigración de Sessions fue Gene Hamilton. Como uno de los pocos miembros del personal del Departamento de Justicia totalmente dedicado al tema, Hamilton trabajó en un aislamiento relativo, con pocos colegas que desafiaran sus posiciones. Asimismo, Hamilton mostró falta de voluntad para tomarse en serio cualquiera de las trampas de la política que le alertaron antes y durante la ejecución.

Mientras Hamilton se preparaba para proponer formalmente la Tolerancia Cero a Sessions, la oficina de Rosenstein pidió a John Bash, el fiscal federal recién confirmado en El Paso, una sesión informativa sobre el programa piloto de separación en ese lugar. Bash se había desempeñado anteriormente como asesor legal de la Casa Blanca y era considerado un aliado confiable de Trump. Bash pidió a sus colegas nuevos en El Paso que lo pusieran al día sobre el programa piloto, según extractos de correos electrónicos que publicó el inspector general del Departamento de Justicia. Luego informó a Hamilton y otros en el DOJ. Sus notas indican que la iniciativa había enfrentado un “retroceso significativo”  por parte de las partes interesadas locales; también hacen referencia a un litigio pendiente en el Distrito Oeste de Texas presentado en nombre de cinco personas a las que les habían arrebatado sus hijos (y en un caso un nieto). En ese caso, el juez de tribunal inferior se quejó de que los acusados ante él estaban “completamente incomunicados” con sus hijos “mientras eran procesados por un delito muy leve” y que los padres y los niños aparentemente no tenían forma de encontrarse después de que los separaran.

Hamilton luego dijo al inspector general que no recordaba la reunión. Este es el primero de muchos casos documentados, todos los cuales diría después al inspector general que no podía recordar, cuando se advirtió directamente a Hamilton sobre los problemas que ocurrirían si el programa piloto se expandía a todo el país. De todas maneras, siguió adelante.

Unas semanas más tarde, Bash recibió un memorando de sus colegas en el que se explicaban con mayor detalle los problemas que habían surgido durante la prueba piloto. Pero la sede no se puso en contacto con él sobre la expansión, por lo que no compartió el memorando con nadie, y luego dijo al inspector general que había asumido que la idea había desaparecido. Nadie en la sede se puso en contacto con Richard Durbin, el fiscal federal interino en El Paso durante el programa piloto, a quien se le había dicho que estaban separando bebés de sus madres, para obtener su opinión.

Mientras tanto, defensores de la inmigración seguían recibiendo noticias sobre las familias que habían sido separadas durante el programa piloto pero que aún no se habían reunido. También estaban escuchando informes de familias que habían sido separadas luego de presentarse en un puerto, donde es perfectamente legal solicitar la entrada a Estados Unidos. Los defensores se prepararon para presentar una demanda, que esperaban tuviera como resultado una orden judicial a nivel nacional contra las separaciones y una orden judicial para reunir a las familias que ya habían sido separadas. Lee Gelernt, un abogado del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de la ACLU, lideraba el caso. “No es solo que los padres y los niños estén separados durante meses y meses”, me dijo Gelernt en ese momento. “Es que los padres no tienen idea de dónde están sus hijos, qué les está pasando o si van a volver a ver a sus hijos”.

Gelernt reunía consejos de defensores con conexiones con trabajadores de refugios en el Departamento de Salud y Servicios Humanos, quienes desafiaron las órdenes de no hablar públicamente sobre lo que estaba sucediendo, preocupados por lo que estaban viendo. Los trabajadores del refugio “ni siquiera saben de dónde vienen los niños, quién es el padre, dónde está el padre”, me dijo Gelernt. “Tienen 2, 3, 4, 5 años”.

Durante este período, cada vez que preguntaba a los funcionarios de la administración de Trump sobre un caso específico, decían que la separación se había producido solo porque se pensaba que el niño estaba atrapado en un plan de trata o en peligro, lo que habría estado en consonancia con políticas anteriores. Pero en muchos de estos casos, los abogados que representan a las familias dijeron que ninguna de esas circunstancias era cierta.

En febrero de 2018, Gelernt conoció a una mujer de la República Democrática del Congo que había sido separada de su hija de 6 años. La niña había pasado varios meses en un refugio del HHS en Chicago; su madre estaba detenida en un centro de detención de inmigrantes en el desierto en las afueras de San Diego. Cuando entró en una habitación de bloques de hormigón para encontrarse con Gelernt, parecía demacrada y confundida, “casi catatónica por lo que le había sucedido”, me dijo Gelernt. La mujer explicó que cuando ella y su hija cruzaron la frontera, los agentes las llevaron a un motel para interrogarlas, una práctica común cuando las instalaciones fronterizas se quedan sin espacio, y las pusieron en habitaciones contiguas. Debido a que la madre y la hija, que se conocieron en el tribunal como la Sra. L y S. S., respectivamente, habían estado viviendo en América del Sur antes de solicitar asilo en los Estados Unidos, S. S. había aprendido español. Cuando los agentes comenzaron a hablar sobre separar a la niña de su madre, tal vez pensando que estaban siendo discretos al hablar en español, la Sra. L escuchó los gritos de su hija a través de la pared.

Aunque Gelernt había estado planeando armar un caso para una demanda colectiva, la reunión lo molestó tanto que comenzó a redactar una queja en nombre de la Sra. L tan pronto como regresó del centro de detención. “Su hija ha estado lejos casi cuatro meses”, me dijo en ese momento, “y simplemente no podía justificar la demora de ir al tribunal por más tiempo para que ella y su hija se reunieran. Al escucharla hablar sobre su hija gritando ‘No me alejes de mi mami’”.

Fotoilustración del testimonio de una familia separada: “Cuando llegué a la frontera, los oficiales me separaron de mi hija y la pusieron en una habitación separada; yo podía oírla gritar y llorar que quería estar conmigo. Los oficiales dijeron que nadie me había obligado a ir a Estados Unidos y esto es lo que vine a buscar: Yo no tenía ningún derecho”.

Mientras esperaban un fallo en el caso de la Sra. L, Gelernt y sus colegas se apresuraron a preparar presentaciones para otros demandantes, y agregaron rápidamente a otra madre, conocida como la Sra. C, que había sido separada de su hijo de 14 años durante el programa piloto de El Paso seis meses antes. (La Sra. C había terminado en el oeste de Texas; su hijo había llegado en un refugio en Chicago). En este punto, la ACLU pidió al juez que certificara el caso como una demanda colectiva y estimaron que para entonces se habían producido al menos 400 a 500 separaciones según los relatos que había recopilado, algunos de fuentes gubernamentales interesadas.

El gobierno respondió a la demanda de Gelernt en un informe legal con el mismo mensaje que los periodistas seguían escuchando: que el Departamento de Seguridad Nacional no tenía una política de separación y que nada había cambiado en su trato a las familias migrantes. La respuesta no reconoció la existencia de ningún programa piloto. “Tal política”, decía el informe del gobierno, “sería la antítesis de los valores de bienestar infantil de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados”.

El gobierno argumentó que los agentes habían separado a la Sra. L de su hija porque se mostraron escépticos de que la pareja estuviera realmente relacionada; la Sra. L no había proporcionado documentos que probaran que ella era la madre de la niña. Gelernt pensó que esto era simplemente un pretexto para justificar la separación. “Pasó tres meses caminando hasta aquí”, me dijo Gelernt. “Se la quitaron. Así que, por supuesto, ella no tenía documentos”. Un juez solicitó una prueba de ADN, que demostró que la Sra. L era, de hecho, la madre de S. S. Poco después, el gobierno liberó a la Sra. L en la calle frente al centro de detención del desierto. Varios días después, con la ayuda de abogados, la Sra. L se reunió con su hija.


En la primavera de 2018, me enteré de la lista de niños separados que estaba compilando James De La Cruz, colega de Jonathan White en la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR). De La Cruz y unos cuantos otros en ORR estaban usando la lista para buscar ayuda del ICE para localizar a los padres de esos niños y tratar de reunirlos, o al menos ponerlos en contacto por teléfono; muchos de los padres separados todavía estaban detenidos o había sido deportados. De La Cruz y el pequeño grupo de sus colegas que tuvieron acceso a la lista mantuvieron en secreto su existencia, ya que sabían que el documento sería controvertido porque la administración aún negaba públicamente que se estuviera separando a los niños de sus padres en la frontera con mayor frecuencia que en administraciones anteriores.

La mayoría de los que tenían acceso a la lista inicialmente me dijeron que les preocupaba que un artículo de noticias al respecto pudiera identificarlos, o peor aún, que de alguna manera pudiera poner en peligro lo que era el único esfuerzo conocido para rastrear los casos de separación de familias en ese momento. Pero a principios de abril, la lista creció hasta incluir más de 700 nombres, lo suficiente como para que mis fuentes comenzaran a concluir que la situación era demasiado grave como para seguir sin reportar. Además, sabían que el número total de separaciones era aún mayor: La lista contenía solo los nombres de los niños cuyos casos se habían informado a la sede del HHS por el personal del refugio.

En ese momento, me comuniqué con las oficinas de asuntos públicos del HHS y el DHS al mismo tiempo, les informé que me estaba preparando para publicar una historia sobre la lista de niños separados y les pedí que confirmaran su autenticidad. Mark Weber, un vocero del HHS, dice que llamó a Katie Waldman, una vocera del DHS que más tarde se casó con Stephen Miller. Waldman le gritó, diciéndole que el DHS no estaba separando a los niños de sus padres. (Waldman me dijo lo mismo, que estaría engañando al público estadounidense si publicaba mi historia como estaba planeado). Pero los propios colegas de Weber en el HHS finalmente reconocieron que De La Cruz estaba al tanto de las separaciones, según correos electrónicos que se hicieron públicos más tarde como parte de una investigación del Congreso. Cuando Weber habló con Waldman y le dijo que planeaba corroborar mi historia, dice que Waldman y su jefe, Tyler Houlton, insistieron en que negara oficialmente que el DHS estuviera separando familias más que en el pasado. “Me hicieron mentir”, me dijo Weber recientemente. (Waldman dijo que Weber no recuerda exactamente la conversación; Houlton no respondió a una solicitud de comentarios). Waldman y Houlton proporcionaron una declaración para mi artículo del Times, en el que insistían en que las familias no estaban siendo separadas con fines de proceso judicial y disuasión. Mientras tanto, las separaciones seguían aumentando. Para el 23 de abril, tres días después de la publicación de la historia, los documentos muestran que De La Cruz había rastreado 856 separaciones, más de una cuarta parte de las cuales involucraban a niños menores de 5 años.

Cuando salió a la luz mi historia en el Times, Scott Lloyd, el jefe de De La Cruz, estaba angustiado. “Yo pensaba: ‘¿Por qué tenemos una lista?’” Lloyd me dijo recientemente. “Parecía que la ORR vigilaba al DHS. Y posiblemente lo filtraba a The New York Times”. Lloyd pidió al personal de la ORR que dejara de agregar a la lista porque el documento hacía que “pareciera que algo que no estaba sucediendo sucedía, porque no sabía que existiera ningún tipo de política de tolerancia cero”. Pero De La Cruz dijo a Lloyd que sentía que la lista era necesaria para garantizar que los niños se reunieran con sus familias. Continuó agregando a la lista.


Hasta principios de la primavera de 2018, los cruces fronterizos continuaron aumentando. Los comentaristas de Fox News tomaron nota de la tendencia y culparon a Kirstjen Nielsen. Stephen Miller incitó al presidente a reprenderla. Sabiendo que a Trump no le gustaba leer informes oficiales, Miller imprimía artículos de algunos periodistas de inmigración selectos en medios de derecha y los dejaba en el escritorio del presidente, como evidencia de que Nielsen era una líder deficiente. Pronto, se convocó a Nielsen al ala oeste para reuniones aún más frecuentes, a veces diarias, sobre qué hacer. Los debates consistieron principalmente en que Miller se quejaba sobre cómo las ideas que había estado presentando durante meses se habían estancado de forma innecesaria. Jeff Sessions a veces exageraba diciendo al presidente que Nielsen estaba siendo una cobarde, lo que le permitía escapar de la ira de Trump, aunque solo fuera temporalmente. Una vez, Sessions dijo a Trump que Nielsen simplemente podía optar por no permitir que la gente cruzara la frontera, pero se negaba a hacerlo. Trump gritó a Nielsen, lo que hizo que sus colegas del Gabinete se sintieran profundamente incómodos. Kelly intervino y trató de aplazar la reunión, pero se mantuvo callado sobre las políticas específicas.

De hecho, la limitación del enfoque de Kelly para oponerse a la Tolerancia Cero puede haber sido que se concentró en sus preocupaciones logísticas frente a los Hawks. Kelly sintió que ese enfoque era el más probable para detener la implementación de la política, pero los Hawks ahora dicen que no registraron la oposición general de Kelly, solo que pensó que requeriría recursos adicionales. (Kelly dice que su oposición a la separación de familias fue clara durante su mandato en la administración).

Según sus colegas, Tom Homan y Kevin McAleenan continuaron minimizando la importancia de la Tolerancia Cero ya que simplemente querían aumentar la aplicación de las leyes que ya estaban en los libros. “¿Bajo qué autoridad se le dice a la policía ‘No haga cumplir la ley?’” Nielsen me dijo que McAleenan le dijo a ella. “Él básicamente decía, ‘Mira, no me estás permitiendo hacer mi trabajo. Tenemos que dejar la conversación y seguir adelante y hacer esto’”. (McAleenan dice que nunca sugirió que la política no fuera controvertida y que planteó preocupaciones logísticas a Nielsen en varias ocasiones. Homan dice que nunca presionó a Nielsen).

Fotografía con una vista aérea de niños que marchan al aire libre bajo el sol proyectando largas sombras en una línea alrededor de grandes tiendas de campaña
Niños llevados a un centro de detención en Tornillo, Texas, en junio de 2018. (Mike Blake / Reuters / Alamy)

Nielsen todavía sentía que no tenía suficiente información para tomar una decisión: ¿Tenían las estaciones de la Patrulla Fronteriza la capacidad de albergar a migrantes adicionales que esperaban que los enviaran a los tribunales? ¿Tenía el Departamento de Justicia suficientes abogados para hacerse cargo de casos adicionales? ¿Tenían los alguaciles de EE. UU. suficientes vehículos para transportar a los padres separados? ¿Qué pasaría con los niños mientras se realizaban los procesos? Nielsen y sus colegas dicen que McAleenan y Homan fueron despectivos, lo que implica que no era su trabajo como secretaria enredarse en los detalles de la aplicación; ella estaba micro gestionando.

Cada miembro clave del equipo de liderazgo del DHS de la administración de Trump a quien entrevisté me dijo que las separaciones nunca tuvieron la intención de desarrollarse como lo hicieron. Pero cuando les pedí que me explicaran cómo se suponía que funcionaban las separaciones, los juicios y las reunificaciones, cada uno de ellos me dio una versión diferente del plan. Algunos dijeron que pensaban que padres e hijos se reunirían en la pista de un aeropuerto y que los deportarían juntos. Otros dijeron que pensaban que después de ser procesados, los padres regresarían a las estaciones de la Patrulla Fronteriza, donde sus hijos estarían esperando. Otros pensaron que se enviaría a los niños a las instalaciones del HHS solo por unos pocos días. Pero en realidad no importa qué plan se suponía que había prevalecido: ninguno de ellos era factible ni tenía ningún precedente. Esto indica el poco conocimiento del sistema que tenía la mayoría de estas personas y la falta de claridad en la comunicación a lo largo de lo que pasó por el proceso de planificación.

A principios de abril de 2018, Stephen Miller, Gene Hamilton y Kevin McAleenan (quien recientemente había sido confirmado como comisionado de CBP) comenzaron a citar varios documentos para insistir en que Nielsen estaba violando una orden legal al retrasar la implementación de la Tolerancia Cero, según colegas. Un documento fue una orden ejecutiva, “Mejora de la seguridad pública en el interior de los Estados Unidos”, elaborada por Miller y su división durante la transición y emitida en enero de 2017. Estaba claramente dirigido al ICE, que opera en el interior del país, a diferencia de la Patrulla Fronteriza. Pero los Hawks dijeron que, al negarse a ordenar a los agentes de la Patrulla Fronteriza que remitieran a los padres para el proceso judicial, Nielsen estaba violando una cláusula de la orden que decía: “No podemos ejecutar fielmente las leyes de inmigración de los Estados Unidos si exentamos clases o categorías de extranjeros expulsables de la aplicación potencial de la ley”.

Se emitieron dos documentos nuevos el mismo día, 6 de abril de 2018, quizá para aumentar la presión sobre Nielsen. En un documento, Jeff Sessions anunció oficialmente una nueva “política de tolerancia cero”, según la cual los fiscales estadounidenses, “en la medida de lo posible”, aceptarían el 100 % de los casos de entrada ilegal que les remitiera la Patrulla Fronteriza. (Sessions también había emitido un memorando similar el año anterior). El segundo, un memorando presidencial, pedía en general el fin de la aplicación de la ley de inmigración de “atrapar y liberar”. Los documentos no significaron mucho para la Patrulla Fronteriza en términos sustanciales, lo que Nielsen, una abogada, teóricamente debería haber sabido: Sessions no tenía autoridad sobre esa agencia, incluidos los casos que sus agentes remitían para procesamiento judicial. Además, el memorando de Trump no tenía directivas específicas sobre los padres que viajan con niños.

La Patrulla Fronteriza podría haber seguido procesando a las familias de la misma manera que siempre lo ha hecho sin violar ninguna ley ni orden. Los registros muestran que los sectores de la Patrulla Fronteriza incluso recibieron orientación que indicaba que la iniciativa de Sessions se aplicaba solo a adultos que viajaban sin niños. Pero sus colegas dicen que McAleenan, Hamilton y Miller dijeron nuevamente a Nielsen que estaba desafiando las órdenes si se negaba a procesar judicialmente a los padres que viajaban con niños.

Como el anuncio de la Tolerancia Cero se exageró a Nielsen por su supuesta importancia, se le restó importancia a los fiscales estadounidenses a quienes afectaría en última instancia. Al principio, se les dijo que el memorando de Sessions no era significativo. Según el informe del inspector general del Departamento de Justicia, Sessions había pedido a Hamilton que “se asegurara de que fuera viable y que no hubiera señales de alerta” antes de escribirlo. Pero Hamilton no lo hizo. En cambio, el DOJ solicitó retroalimentación sobre el documento a los cinco fiscales estadounidenses destacados a lo largo de la frontera suroeste, sin dejarles en claro que cambiaría la forma en que el departamento trata a las familias migrantes. Más adelante, los abogados le dijeron al inspector general que asumieron que los padres continuarían estando exentos de procesos judiciales por entrada ilegal, como lo habían estado durante toda la historia del DHS. Ryan Patrick, el fiscal federal en el sur de Texas, me dijo que cada vez que aparecía un mensaje de “tolerancia cero”, los funcionarios del Departamento de Justicia le decían explícitamente que su distrito ya estaba haciendo mucho para combatir la inmigración ilegal y que podía ignorar la iniciativa.

Una y otra vez, Gene Hamilton ignoró o rechazó todo lo que sugiriera que la ejecución de una política que separara a los niños de sus padres crearía problemas morales, legales o logísticos. Cuando pregunté a un colega cercano de Hamilton en el Departamento de Justicia por qué Hamilton era tan persistente en promover la política, hizo una suposición basada en su propia experiencia: “Stephen Miller le dijo que lo hiciera”. Agregó: “Stephen Miller generalmente decía a las personas que, si intentaban trabajar a través del sistema, verían un retroceso… por lo que era realmente importante que esa persona simplemente sorteara el sistema y lo hiciera por sí misma y eludiera la cadena”.

“Para Stephen y Gene”, me dijo, “cualquier cosa que se estancara era evidencia del fracaso del sistema”, no de alguna debilidad en sus ideas políticas.

Más allá de los expertos reales, el Washington oficial tiene muy poco conocimiento de cómo funciona el sistema de inmigración. (La inmigración “destruye tu carrera”, me dijo Lauren Tomlinson, asistente principal de comunicaciones del DHS. “No puedes resolverlo. Todo lo que vas a hacer es hacer enojar a todo el mundo”). Aun así, en retrospectiva, es sorprendente cuántas personas en todo el gobierno federal participaron en conversaciones sobre una política que causaría separaciones de familias de forma prolongada aparentemente sin darse cuenta.

Esta ignorancia ambiental permitió a los Hawks engañar a los Careerists y hacer que ciertos hechos parecieran más benignos de lo que eran. Kirstjen Nielsen y los miembros de su círculo íntimo me dijeron que recordaban escuchar constantemente la frase “Hicimos esto antes” en referencia a procesar judicialmente a los padres y separarlos de sus hijos; Kevin McAleenan y Tom Homan y sus respectivos equipos repetían esa frase incesantemente. Nielsen, Scott Lloyd y otros dijeron que entendían que esto significaba que los agentes de la Patrulla Fronteriza de administraciones anteriores habían hecho lo mismo.

Cuando escuché por primera vez este argumento de uno de los asesores de Nielsen, supuse que se había equivocado o que yo había oído mal. Parecía absurdo que él no supiera que separar a los niños de sus padres no era algo que se hubiera hecho en una escala significativa. Pero luego lo escuché de nuevo de Nielsen y su personal superior. Algunos de ellos me dijeron que recordaban haber escuchado ciertas estadísticas: que el 10 o el 15 % de los padres habían sido remitidos para procesamiento judicial en el pasado. Otros dijeron que los detalles nunca estuvieron claros, o que la Casa Blanca o el Departamento de Justicia afirmaban que no guardaban datos al respecto. Estos funcionarios dijeron que creían que la idea que Nielsen estaba debatiendo no era nada nuevo. “Parecía un tema sin importancia al que no debería dedicar tiempo”, recordó May Davis, quien ocupó varios cargos en la Casa Blanca de Trump.

Cuando decía a estos funcionarios, incluyendo a Nielsen, que rara vez se había procesado judicialmente a los padres que viajaban con un niño en el pasado, parecían sorprendidos. Aquellos que supuestamente dieron estas garantías sobre la política, incluyendo a Homan, McAleenan y Ron Vitiello, el subcomisionado interino de CBP, negaron haberlo hecho; algunos sugirieron que el secretario del DHS y sus asesores simplemente debían estar confundidos.

Fotoilustración de Kevin McAleenan
Kevin McAleenan, uno de los principales subalternos de Kirstjen Nielsen, la presionó para que autorizara la separación familiar. Más tarde fue designado secretario interino de Seguridad Nacional. (Mark Wilson / Getty)

La presión implacable de los Hawks de la Casa Blanca parecía estar desgastando a Kevin McAleenan. Se formaron caravanas de solicitantes de asilo de América Central que se dirigían a los Estados Unidos, y la cobertura de ellos las 24 horas provocó un nuevo nivel de pánico en la administración sobre los cruces fronterizos. Después de debatir la idea durante meses, McAleenan dio su paso más directo para impulsar el procesamiento judicial de los padres, sabiendo que la Patrulla Fronteriza los separaría de sus hijos. En un correo electrónico del 19 de abril de 2018 a Tom Homan y Francis Cissna, director de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de EE. UU., declaró su intención de recomendar formalmente la idea a Nielsen.

“Consulte un borrador del memorando de decisión que propone un mayor procesamiento judicial (hacia el 100 %) de todos los adultos que cruzan ilegalmente, ya sea que se presenten como adultos solteros o en grupos familiares”, escribió McAleenan. “Creo que este enfoque tendría el mayor impacto en los números crecientes, que siguen siendo motivo de gran preocupación”. Dijo que planeaba enviar el memorando a Nielsen al cierre del día siguiente, y agregó que incluso sin su apoyo, “estoy preparado para presentarlo solo”.

Homan y Cissna decidieron unirse. McAleenan ahora dice que el correo electrónico fue solo una “pequeña imagen” de un proceso burocrático más grande en el que solo estaba siguiendo instrucciones.

Nielsen recibió el memo con irritación, con la sensación de que estaba siendo exprimida por sus propios subordinados. Se adjuntó un análisis legal de John Mitnick, el principal abogado del DHS, quien descubrió que “aunque sería legalmente permisible separar a adultos y menores como se describe anteriormente, cualquier decisión de este tipo enfrentará desafíos legales”. Advirtió que un tribunal podría determinar que las separaciones familiares a gran escala, sin ningún mecanismo probado para la reunificación rápida después del proceso judicial, violaban “varias leyes o la cláusula del debido proceso de la Quinta Enmienda”. (Aunque el análisis de Mitnick está escrito con imparcialidad legal, un miembro del personal de la Casa Blanca que asistió a una reunión sobre la Tolerancia Cero con él en abril dijo que estaba “espantado” por los riesgos de litigio asociados con la política).

Nielsen me dijo que apoyaba la idea de procesar judicialmente a todos los que cruzaron la frontera de forma ilegal, incluidos los padres que viajaban con sus hijos, pero temía que el DHS no estuviera logísticamente preparado para implementar la política sin causar caos en los tribunales y centros de detención, y perder la pista de padres e hijos. Le pidió a la Casa Blanca que le permitiera aplazar su decisión sobre el programa durante seis meses para poder viajar ella misma a Centroamérica y anunciar que la política era inminente, con la esperanza de que al hacerlo alentaría a las familias que necesitaban buscar asilo a utilizar los puertos legales de entrada. Stephen Miller no estaba dispuesto a esperar. Nielsen me dijo que afirmó estar en contacto con funcionarios de la Patrulla Fronteriza que estaban ansiosos por comenzar. Con él, dijo Nielsen, “el tono siempre es frenético. ‘El cielo se está cayendo, el mundo se está acabando, todo será culpa tuya. El presidente prometió esto, y tenemos que cumplir la promesa’”.

“La Casa Blanca estaba cada vez más frustrada” con los retrasos, me dijo un asesor de Nielsen. “Básicamente dijeron: ‘Mira, el fiscal general te dio una orden legal. Tienes que ejecutarla’”.  Esto no era cierto. “Y seguimos retrocediendo. Eventualmente, la presión llegó a ser simplemente abrumadora”. McAleenan y Homan decían: “Estamos listos para empezar. Estamos listos para empezar. Estamos listos para empezar. Lo tenemos en funcionamiento. Tenemos un buen ritmo de batalla con DOJ. Nosotros podemos hacer esto”.

No se había alertado de lo que se avecinaba a ninguna de las otras agencias que se verían afectadas por la Tolerancia Cero. Eso incluyó al Departamento de Salud y Servicios Humanos. “No sé cómo decir esto con delicadeza, así que solo lo diré: Realmente no es como si la opinión del HHS importara aquí”, me dijo John Zadrozny, ya que debido a que el HHS no tenía ninguna autoridad sobre la política de inmigración, no era raro que el departamento quedara fuera de dichas discusiones. Zadrozny dijo que, aunque no recordaba una decisión específica de mantener en secreto la política de Tolerancia Cero del HHS, no le sorprendería si hubiera una. “Hubo momentos en los que teníamos reuniones en las que decíamos específicamente: ‘Mantengan al HHS fuera de esto; solo van a balbucear y causar problemas. Ellos en realidad no van a ser útiles’”.

Por sorprendente que parezca, parece que nadie en el departamento que se encargaría de cuidar a miles de niños separados recibió una advertencia oficial de que el programa de Tolerancia Cero estaba a la vista. “No encontramos evidencia de que el liderazgo del DOJ haya debatido con el HHS sobre la política de tolerancia cero o las separaciones de familias antes del anuncio”, concluyó más tarde el informe del inspector general.

A fines de abril, se produjeron varios desarrollos casi a la vez. La oficina de Gene Hamilton preguntó a los cinco fiscales estadounidenses que habían sido asignados a los distritos fronterizos del suroeste si su personal había visto un aumento en las remisiones para procesamiento judicial de los padres que viajaban con niños según el memorando de abril de Sessions y, de no ser así, cuándo esperaban hacerlo. Se escribió el correo electrónico como si los abogados deberían haber sabido que se aproximaba un cambio, pero su respuesta dejó en claro que, de hecho, este era el primer aviso que habían recibido de que cambiaría el trato a las familias. Los abogados emitieron una respuesta conjunta en la que indicaban que ninguno de los cinco distritos tenía los recursos para manejar el mayor volumen de casos que crearía el proceso judicial de los padres. “Este cambio en la política provocaría remisiones nuevas de 20 a 400 casos por día, según el distrito”, escribieron los fiscales estadounidenses. Además, Seguridad Nacional y Patrulla Fronteriza no podrían procesar estos casos lo suficientemente rápido. “El examen médico de tuberculosis, varicela, sarampión; mucho menos el procesamiento de estas personas para establecer su identidad, extranjería, antecedentes penales o migratorios, etc., sería prácticamente imposible de lograr dentro de los plazos constitucionalmente exigidos”. Más tarde, Hamilton le diría al inspector general que se había “perdido” la respuesta de los fiscales estadounidenses, que era la que había solicitado, y que no sabía que los fiscales estadounidenses habían planteado estas preocupaciones específicas sobre el proceso judicial de los padres.

Rich Hunter, el segundo funcionario de más alto rango en el Servicio de Alguaciles de EE. UU. en el sur de Texas, escuchó lo que ocurriría de un colega que había sido informado por un amigo en el Departamento de Justicia. Los alguaciles son responsables de albergar a los detenidos en prisión preventiva que enfrentan cargos penales federales, incluidos los que cruzan la frontera, y de transportarlos a la corte para sus audiencias. Incluso en circunstancias normales, sus instalaciones a lo largo de la frontera están siempre llenas. Con la entrada de detenidos nuevos debido a la política de Tolerancia Cero, Hunter anticipó que el sistema colapsaría.

Fotoilustración del testimonio de una familia separada: "Preguntaba por mi hijo y nadie me facilitaba información; solo me daban un número telefónico, pero yo no tenía dinero para hacer la llamada y los únicos teléfonos que había eran de paga".

“Cuanta más y más información obtuvimos, se creaba un panorama cada vez más sombrío”, me dijo Hunter. “Pude ver el impacto que se dirigía por las vías directamente hacia nosotros, y nadie nos había avisado. Nadie nos había preparado para esto. Nadie nos había preguntado: ‘¿Tiene lugar para esto? ¿Tiene recursos, mano de obra?’”. Hunter ayudó a producir un informe que se entregó al Departamento de Justicia el 27 de abril. Afirmó que los alguaciles, al igual que los fiscales estadounidenses, no tenían los recursos para implementar la Tolerancia Cero. Los alguaciles enviaron copias del informe a la oficina de Jeff Sessions y a Rod Rosenstein, quien luego presionaría a los abogados del DOJ para que aplicaran la política de la manera más agresiva posible. Tanto Hamilton como Rosenstein le dijeron al inspector general del Departamento de Justicia que no estaban al tanto de ningún problema planteado por los alguaciles sobre la Tolerancia Cero, otra advertencia más que afirman haber pasado por alto.

Esa misma semana, el memorando de McAleenan que presionaba a Nielsen para activar la Tolerancia Cero se filtró a The Washington Post y se publicó un artículo al respecto el 26 de abril. Hasta el día de hoy, no está claro si quienes apoyaban la Tolerancia Cero o quienes se oponían filtraron el memorando. Muchos especularon que los opositores al programa lo habían filtrado para generar una respuesta negativa popular y hacer que la implementación de la política fuera menos probable. Pero si ese es el caso, el plan fracasó. Después de que apareció el artículo del Post, la presión sobre Nielsen para autorizar la Tolerancia Cero solo aumentó. “Parecía que Kirstjen estaba sentada entre todos estos memorandos y no haría nada”, recordó Lauren Tomlinson.

A principios de mayo, Miller convocó otra reunión más sobre la Tolerancia Cero, en la Sala de Situaciones. Nielsen dice que comenzó a enumerar todas las razones por las que el departamento no estaba listo para avanzar. “Primero, Stephen dijo: ‘Tuvimos esta reunión un millón de veces, ¿quién piensa que necesitamos más tiempo a pesar de todo eso?’” Me dijo Nielsen. Levantó la mano, la única persona en la habitación que lo hizo. “El seguimiento de Stephen fue: ‘Está bien, ¿quién piensa que solo tenemos que avanzar? Terminamos de hablar de esto’. Y en ese momento, recuerdo lo que sentí como un mar de manos”.

Según notas que preparó, Hamilton reconoció que se enviarían los niños separados al HHS. Para cualquiera que esté familiarizado con las operaciones del HHS, esto habría indicado de inmediato que el gobierno enfrentaría barreras significativas al tratar de reunir a padres e hijos; entre ellas, los niños y los padres estarían separados por cientos de millas debido a la forma en que las ubicaciones del HHS funcionan y muchos padres no reunirían los requisitos para recuperar la custodia de sus propios hijos según los requisitos para patrocinar a un niño oficialmente considerado menor no acompañado. Pero nadie con tal conocimiento estaba en la habitación.

El 1 de mayo, McAleenan le envió un correo electrónico a Hamilton y le dijo: “Es probable que la semana que viene”, para que la Patrulla Fronteriza comience a remitir a los padres para el procesamiento judicial. Tres días después, McAleenan fue a ver a Nielsen con su borrador del memorando en la mano para que ella lo firmara. Se produjo una acalorada conversación, según Nielsen y varias personas que la escucharon.

Nielsen me dijo que McAleenan presentó los argumentos habituales: no se le puede decir a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza que no haga cumplir la ley; no puede eximir a los padres del proceso judicial; el presidente quiere esto. “Pero le había dicho a Kevin: ‘No puedes implementar la Tolerancia Cero hasta que esté convencido de que tenemos los recursos’”.  Nielsen dijo que pensó que “en la mente de Kevin, estaba retrasando lo que les habían dicho que hicieran, básicamente según la ley. Y estoy segura de que Stephen los llamaba a todos cinco veces al día diciendo: ‘¿Por qué no estás haciendo esto?’ Y los sindicatos [de la Patrulla Fronteriza y el ICE] se estaban volviendo locos porque querían que sucediera”.

Nielsen me dijo que quería ser “el tipo de líder que se remite a los expertos y las trayectorias profesionales”, que usa abreviaturas para referirse a aquellos, como McAleenan y Homan, que habían pasado años trabajando en sus agencias e insistían en que tenían los recursos necesarios para implementar la política sin problemas. Tampoco podía permitirse el lujo de ser vista como la única con ideas moderadas que estaba ganando tiempo. “El DHS es un departamento de 250.000 personas, así que para mí fingir que sé más que los demás, me pareció lo opuesto al tipo de líder que quería ser”, me dijo Nielsen. “Entonces, sí, en última instancia, le tomé la palabra a Kevin”, dijo, y agregó que McAleenan exigió: “¿Por qué no me crees y por qué no crees en las trayectorias profesionales? Saben lo que están haciendo”. (McAleenan negó haber presionado a Nielsen en su propio nombre. Dijo que transmitió las directivas que estaba recibiendo de la Casa Blanca y otros).

Según me dijo Nielsen, la discusión habría continuado, pero tuvo que irse a otra reunión. “Yo estaba así: ‘Está bien, te creo’”. Ella firmó la Tolerancia Cero. “Francamente”, me dijo: “ojalá no lo hubiera hecho”.


En la tarde del 7 de mayo en la frontera de San Diego y con vista al Pacífico, Jeff Sessions realizó una conferencia de prensa. Con Tom Homan a su lado, anunció que la Tolerancia Cero entraría en vigor como política nacional. Kirstjen Nielsen y otro personal del DHS dicen que no les informaron sobre la conferencia de prensa hasta unas horas antes, cuando un portavoz del Departamento de Justicia compartió un borrador de los comentarios de Sessions. Cuando lo leyeron, el personal de Nielsen pidió que se eliminara una línea, con la esperanza de poder pedirle a la Patrulla Fronteriza que pospusiera la aplicación de la política a las familias hasta que pudieran prepararse: “Si está contrabandeando a un niño, lo procesaremos y lo separaremos de ese niño como lo exige la ley”. El personal de Sessions se negó; dijeron que esa era nuestra “frase ganadora”, según Border Wars, un libro de Julie Hirschfeld Davis y Michael D. Shear.

John Kelly me dijo que, durante la conferencia de prensa televisada, Nielsen irrumpió en su oficina en el ala oeste: Estaba indignada. Le preocupaba que un aumento repentino y dramático de los procesamientos judiciales pudiera causar caos en la frontera. “Nielsen decía: ‘No estamos listos para hacer esto. No tenemos las instalaciones. No tenemos la capacitación’”.

Tenía razón, me dijo Kelly. “Fue un desastre, como se predijo”.

Después de meses de advertencias desatendidas e informes no leídos, la separación masiva de familias estaba a punto de comenzar. Aunque muchos argumentaron que la política nació de la malicia, quienes la observaron de cerca dicen que vieron algo más sutil, pero no menos insidioso entre Homan y McAleenan y otros que impulsaron la política.

“Estaban tratando de hacer su trabajo”, me dijo Elizabeth Neumann, subjefa de personal de Nielsen. “Y estaban absolutamente desconcertados acerca de cómo detener el avance” de inmigrantes que cruzan la frontera. “Y creo que les faltaba un filtro realmente importante para decir ‘Hay una línea que no podemos cruzar’”.

Hizo una pausa y luego lo expresó de otra manera: “Si el presidente sugiriera, ‘Deberíamos tener fosos con caimanes y tal vez dispararle a la gente desde la frontera, y eso sería una forma de disuasión’, creo que la mayoría de los agentes de la Patrulla Fronteriza dirían: ‘Oye, esa es una línea roja que nunca cruzaremos’. Todos conocemos las líneas de color rojo brillante.

“Simplemente estaban contra la pared y ya no podían ver la línea roja”.

Implementación

(Mayo–junio de 2018)

La implementación de la Tolerancia Cero fue un desastre. Durante 48 días, ocurrieron una serie de catástrofes. Después de dos semanas y media, las autoridades de la Patrulla Fronteriza finalmente les pidieron a los agentes que registraran qué niños pertenecían a qué padres. Los correos electrónicos internos muestran que, cuando un juez de primera instancia en el sur de Texas exigió que la Patrulla Fronteriza le proporcionara a la corte las listas semanales de niños apartados y sus ubicaciones, y amenazó con declarar a la agencia en desacato en caso de no hacerlo, los agentes entraron en pánico por su incapacidad para cumplir con una petición tan básica. “Yo podría ir a la cárcel”, le escribió un supervisor a un colega, quien respondió: “¡¡¡¡¡No voy a ir a la cárcel!!!!!”.

Algunos de los que hacen frente a las consecuencias de la Tolerancia Cero (los burócratas, los jueces, los trabajadores sociales, los fiscales de EE. UU. y los agentes de policía) presentaron advertencias o quejas a sus supervisores. Recibieron diferentes versiones de la misma respuesta: Esfuércense más.

Luego del anuncio de Jeff Sessions, los cinco fiscales de EE. UU. en la frontera suroeste solicitaron una reunión con Gene Hamilton. Cuatro días después, el 11 de mayo, mientras los fiscales se sentaban en la frontera a esperar a que comenzara una reunión telefónica, recibieron un correo electrónico en el que se les informaba que Hamilton no podría asistir. Los fiscales decidieron hablar entre ellos, mientras que un oficial de enlace del Departamento de Justicia los escuchó y tomó nota. Después, el oficial de enlace escribió un resumen de la llamada, que concluyó con lo siguiente: “GRAN PREOCUPACIÓN: ¿Qué ocurre con estos niños cuando se los separa de sus padres? Parece que el DHS, una vez que entrega al niño al HHS, queda en un segundo plano y no puede dar información. ¿Qué garantías tienen los niños?”.

Aparentemente, captó la atención de Sessions, quien, más tarde ese día, accedió a hablar con los fiscales por teléfono. Sus respuestas parecían desconectadas de la realidad. Había prometido asignar 35 fiscales más a los distritos fronterizos del suroeste para ayudar con la implementación, pero no podrían comenzar con esos trabajos durante meses. Varias de las notas de los fiscales sobre el registro de llamadas en las que Sessions articuló un objetivo central: “Debemos llevarnos a los niños”.

Poco después, se garantizó a los fiscales de EE. UU. que los padres y los niños se reencontrarían rápidamente después del proceso judicial. Con eso, siguieron adelante.

Los correos electrónicos internos muestran que algunos fiscales de EE. UU. que asistieron y se resistieron a procesar a los padres de conformidad con la Tolerancia Cero se enfrentaron a una reasignación, y los padres cuyos casos fueron rechazados fueron separados de sus hijos de todos modos. A principios de mayo, por ejemplo, funcionarios del DHS escucharon que los fiscales de Yuma, Arizona, se negaban a procesar los casos de Tolerancia Cero, salvo en los casos en los que los niños habían cruzado la frontera con ambos padres, para que al menos uno de los padres pudiera permanecer con ellos. Mientras los oficiales de la Patrulla Fronteriza se apresuraban a confirmar que este “problema” no estaba ocurriendo en otros lugares, uno de ellos advirtió que “habrá repercusiones” para los fiscales que rechazaron casos. Otro agregó que “la oficina del AG”, presumiblemente una referencia a Hamilton, les había asegurado que cualquier fiscal que se niegue a disolver unidades familiares “se irá a trabajar a otro distrito, lejos de la frontera suroeste”.

Hamilton hizo varios intentos a principios de mayo, después de que comenzara la Tolerancia Cero, para convocar reuniones entre los Departamentos de Salud y Servicios Humanos, Justicia y Seguridad Nacional, con la esperanza de lograr un acuerdo entre las tres agencias, con sus decenas de miles de empleados, pero ya era demasiado tarde. Sus correos electrónicos revelan tal ingenuidad sobre el sistema que no está claro si eran sinceros o fingidos. Por ejemplo, en un correo electrónico, propuso que los jefes de policía de EE. UU. usaran cárceles abandonadas para alojar a padres apartados de sus hijos, una idea que no prosperó porque habría tomado millones de dólares y meses de negociaciones de contratos para que tales instalaciones cumplan con el código federal. Al mismo tiempo, Hamilton se jactaba internamente de cuánto habían aumentado los procesamientos y, el 21 de mayo, le escribió a un colega que, aunque lo normal eran unos 2.700 procesamientos mensuales en los meses anteriores a la Tolerancia Cero, “ahora estamos por hacer al menos esa cantidad por semana”.

Fotoilustración del testimonio de una familia separada: “Cuando llegué a Honduras fue muy difícil y no quiero ni recordarlo porque es muy incómodo pensar en ello. Yo tenía mucho dolor, y mi mujer no entendía por qué mi hija no había regresado conmigo. La gente que conocía en mi pueblo me acusaba de abandonar a mi hija”.

La brutalidad de la Tolerancia Cero fue inmediatamente evidente. El padre de un niño de 3 años “perdió a su h—”, dijo un agente de la Patrulla Fronteriza a The Washington Post. “Tuvieron que sacar al niño de sus brazos por la fuerza”. El hombre estaba tan enfadado que tuvieron que llevarlo a una cárcel local. “Gritó y pateó las ventanillas durante el viaje”, contó el agente. A la mañana siguiente, se encontró al padre muerto en su celda; se había estrangulado con su propia ropa.

La afluencia de padres angustiados a los centros de detención del gobierno en todo el país convirtió las instalaciones en ollas de presión, donde los detenidos y los empleados de los centros correccionales estaban al límite. Incluso durante la temporada más concurrida en la frontera, una única dependencia de los jefes de policía de los EE. UU. normalmente se encargaría de solo unas pocas docenas de ingestas diarias. Ahora, de repente, se les pedía que encontraran alojamiento para cientos de nuevos detenidos cada día.

Los supervisores de los jefes de policía ordenaron que las camas literas se colocaran temporalmente en dormitorios para que los padres apartados de sus hijos tuvieran un lugar para dormir. “Ya no contamos con mano de obra”, un jefe de policía en el Distrito Sur de California le escribió por correo electrónico al personal a mediados de mayo. “Estamos en ‘crisis’, ‘masa crítica’ ‘DEFCON 1’, o como quiera llamarlo”.

Además, los jefes de policía recibían llamadas urgentes del personal del refugio que trabajaba bajo la Oficina de Reasentamiento de Refugiados, quienes estaban empleando cualquier método posible para localizar a los padres apartados de sus hijos, para satisfacer así los requisitos de que los niños bajo custodia federal tengan la oportunidad de hablar con sus familiares o patrocinadores dos veces por semana. Según el inspector general del DOJ, algunos de los jefes de policía nunca habían oído hablar de la ORR y tuvieron que buscar información en la Internet. Muchos jefes de policía se negaron a pasarles las llamadas a los padres, alegando que estaban demasiado ocupados o que no estaban obligados a hacerlo.

Rich Hunter, el oficial de alto rango de los jefes de policía en Texas que había anticipado el caos, viajó desde su oficina en Houston a la corte federal en McAllen para tratar de resolver los problemas. Llegó y vio que la calle fuera de la corte estaba llena de autobuses chárter que se habían conseguido en el último minuto para transportar la ola de padres apartados de sus hijos a la corte. Debido a que la corte no tenía suficientes bloques de celdas, los padres tuvieron que permanecer dentro de los autobuses estacionados durante horas hasta que les llegara el turno para presentarse ante el juez. La sala en sí se parecía a una sala de conciertos repleta. Hunter me dijo que el reportero de la corte “estaba apiñado en la esquina”. “Los fiscales están de pie junto al estrado del jurado, donde hay más acusados. No era una imagen de un tribunal federal que hubiera visto antes”.

Como un veterano con 30 años en la agencia, Hunter dijo que su primera preocupación era la seguridad. Pero también encontró la escena emocionalmente perturbadora. “Recuerdo sus caras”, dijo Hunter. “Si se trata este tema el tiempo que sea necesario, uno se da cuenta de que la abrumadora mayoría de la gente no son miembros del cartel… Los oiría pidiendo a sus fiscales defensores, a cualquier persona, información [sobre sus niños]. Como padre, como persona, te afectaría, porque puedes imaginarte cómo fue”.

Recordó que los padres tenían dificultades para usar los auriculares de interpretación de la corte. “Muchos de ellos no habían visto tecnología como esa antes en su vida y se los ponían mal”, dijo. “Y luego la mirada en sus rostros de ¿qué está pasando? ”.

Neris González, empleada consular salvadoreña encargada de proteger los derechos de los migrantes de su país bajo custodia de EE. UU., estaba estacionada en un centro de procesamiento de la CBP en McAllen cuando leyó sobre la Tolerancia Cero. “En mi mente pequeña”, me dijo, “pensé que la familia, la iban a separar”, poniendo a los padres en una celda y a los niños en otra. “Nunca pensé que iban a arrebatar sus hijos”.

Pero, cuando entró en el centro de procesamiento por primera vez, después de que se implementó la Tolerancia Cero, vio un mar de niños y padres, gritando, acercándose unos a otros y luchando contra los agentes de la Patrulla Fronteriza que los estaban separando. Los niños se aferraban a cualquier parte de sus padres que pudieran: brazos, camisas, pantalones. “Al final, el agente lo jalaba fuerte y se quitaba al niño”, dijo. “Era horrible eso. No eran ningún animalitos [por los que luchaban], eran niños humanos”.

Además de Wesley Farris, el oficial de la Patrulla Fronteriza que habló con Frontline, González parece ser el único oficial que ha hecho constar las separaciones. (Pedí a los miembros de la administración de Biden que permitieran que les realice una entrevista a los oficiales de la Patrulla Fronteriza que habían participado en la implementación de la Tolerancia Cero. Me respondieron que nadie querría hablar conmigo.). González dijo que efectivamente la instalación se mantuvo cerrada durante la implementación de la Tolerancia Cero. No pudo entrar casi ninguna persona que no fuera parte de la Patrulla Fronteriza o el ICE, mientras que, en el pasado, periodistas, representantes de organizaciones religiosas y abogados de derechos humanos habían tenido permiso para entrar en ocasiones. “No era correcto”, manifestó. “No querían que les publicaran lo que estaban haciendo”.

González le preguntó a un agente de la Patrulla Fronteriza qué estaba pasando. “Dijo que el ICE y la BP obedecían órdenes de Trump, y este solicitó que separaran a los niños de sus padres, por completo”. Se veían situaciones de desesperación por todas partes. Los agentes de la Patrulla Fronteriza que estaban sacando a los niños le pidieron a González que los ayudara a prevenir peleas. En varios momentos, ella se interpuso entre padres y agentes, con la intención de calmar a las familias. González dijo que, en el apogeo de la implementación de la Tolerancia Cero, cerca de 300 niños fueron apartados cada día en sus instalaciones y hacinados en recintos con rejas. Pasó la mayor parte de su tiempo dentro de los recintos, ayudando a los niños a llamar a sus familiares. A veces, los niños más pequeños no parecían entender completamente lo que estaba pasando.

González dice que el sonido en las instalaciones era escalofriante: los gritos de los niños formaron un viento ululante y penetrante. El sonido empeoraba cuando llegaba el momento de que se fuera al final del día. “Me agarraban, me apretaban, me abrazaban, para yo no podía salir”.

La escena le recordó a la guerra en El Salvador, donde miles de niños desaparecieron, y era difícil escapar del sonido de los llantos de sus madres.


Si bien la Tolerancia Cero estaba vigente, Kirstjen Nielsen la defendió ante el Congreso y en los medios de comunicación usando el mismo lenguaje clínico que se había usado para convencerla de que la política era razonable. Ella y su equipo argumentaron que algunas de las familias apartadas de sus niños eran, en realidad, parte de planes de trata en los que se secuestraba o buscaba parejas adultas al azar a los niños con el fin de que ambas partes tuviesen libre paso a los Estados Unidos. (Varios funcionarios de la administración de Trump estipularon que hablarían conmigo para este artículo solo si accedía a mencionar a las “familias falsas” en mi historia. Existen casos de esas familias falsas, pero ha habido muchos ejemplos en las investigaciones posteriores sobre la separación de las familias. En la demanda colectiva federal sobre la separación familiar, el gobierno indicó que sospechaba que solo existía un pequeño número de familias falsas. Y Michelle Brané, quien dirige el Grupo de Trabajo de Reunificación Familiar de la administración de Biden, recientemente me aseguró que el grupo no había encontrado un solo caso falso de tráfico familiar).

Otro argumento de Nielsen sigue siendo popular hoy entre los veteranos de la administración de Trump: que separar a los niños migrantes de sus padres para fines de enjuiciamiento no era diferente de lo que sucede en los procedimientos penales estadounidenses cada día. “Si un padre estadounidense es detenido por conducir ebrio, y su hijo está en el asiento trasero”, dice este argumento, “el niño no va a la cárcel con él o ella”.

Fotoilustración del testimonio de una familia separada: “No sabía si estaba viva, muerta, nada”.

Pero, a medida que los fiscales de EE. UU., quienes son posiblemente las más altas autoridades en este tema, fueron entendiendo lo que les estaba sucediendo a las familias después de que los padres apartados abandonaran la sala, no estuvieron en absoluto de acuerdo con esta evaluación. Por lo general, los padres estadounidenses que son arrestados en los Estados Unidos tienen acceso a un sistema para recuperar a sus hijos cuando son liberados de la custodia. Según una fuente, John Bash, el fiscal de EE. UU. nombrado por Trump en El Paso, testificó recientemente en un tribunal federal que se horrorizó al descubrir, en junio de 2018, que en los pocos días que le tomó a su oficina terminar de procesar a los padres, sus hijos ya estaban siendo enviados tan lejos como Nueva York, sin ningún sistema para reunirlos. “Fue algo así como: ‘¡¿Me estás diciendo que no podemos ubicar a los niños y que están en otro estado?!’ ”, supuestamente dijo Bash.

Bash y otros fiscales de EE. UU. quedaron atónitos por la ineptitud de quienes habían creado la política. “Recuerdo que pensé: ¿Por qué nadie tiene ni siquiera un archivo de Excel? ”, supuestamente dijo Bash. “Quiero decir, es una gran población en términos de costo humano, pero no es una gran población en términos de gestión de datos. Estamos hablando de miles de familias. Puedes tener todo eso en una hoja de cálculo con los nombres de las personas, a dónde va el niño. Era una locura. Recuerdo que me dijeron que iba a haber un número de teléfono al que los padres podrían llamar y saber dónde estaban sus hijos. Y le dije eso a una defensora pública, quien me dijo: ‘Primero, este número de teléfono no funciona. Y, segundo, la mayoría de los padres no tienen acceso a teléfonos donde están detenidos, o tienen que pagar para usar un teléfono público. Por lo que eso no funciona’ ”.

Bash le pidió al Departamento de Justicia que iniciara una investigación sobre por qué no se estaba reuniendo a los padres y niños rápidamente. Aún no comprendía completamente el papel de su agencia en el esquema. Creó una lista de preguntas que quería que respondieran, que compartió con Gene Hamilton, Rod Rosenstein y otras personas en el DOJ: “¿Qué tecnología podría usarse para garantizar que los padres no les pierdan el rastro a sus niños?” “¿Es cierto que, a menudo, se los separa físicamente?” “¿Por qué el HHS no devuelve a los niños a sus padres tan pronto como estos salen del sistema de justicia penal, ya que en ese momento los niños dejan de ser menores ‘no acompañados’?”. Rosenstein respondió que los fiscales de EE. UU. deberían tratar de averiguar lo que estaba pasando por sí mismos. Los fiscales enviaron las preguntas a sus homólogos de la Patrulla Fronteriza, pero estos ignoraron sus preguntas. “El DHS acaba de cerrar sus canales de comunicación con nosotros”, me dijo Ryan Patrick, el abogado de EE. UU. en el sur de Texas. “Los correos electrónicos quedarían sin respuesta, no se devolverían las llamadas, o ‘No estamos respondiendo esa pregunta en este momento’ ”.

Recientemente, los correos electrónicos internos de ese momento ayudaron a explicar lo que Bash, Patrick y los otros fiscales de EE. UU. no pudieron entender: por qué el plan para reunir a las familias era defectuoso hasta el punto de la negligencia. Dentro del DHS, los funcionarios estaban trabajando para evitar que las familias se reencuentren.

A los pocos días del inicio de la Tolerancia Cero, Matt Albence, uno de los diputados de Tom Homan en el ICE, expresó su preocupación de que, si los enjuiciamientos de los padres se hacían con demasiada rapidez, sus hijos seguirían esperando ser recogidos por el HHS en las estaciones de la Patrulla Fronteriza, y sería posible el reencuentro familiar. Lo vio como algo malo. Cuando Albence recibió informes de que se habían producido reencuentros en varios sectores de la Patrulla Fronteriza, inmediatamente intentó evitar que esto siga ocurriendo, y se puso en contacto directamente con, al menos, un sector, y les pidió ayuda a sus superiores: Tom Homan, Ron Vitiello y Kevin McAleenan. “No podemos permitir esto”, escribió a sus colegas, subrayando en una segunda nota que el reencuentro “obviamente socava todo el esfuerzo” detrás de la implementación de la Tolerancia Cero y haría quedar al DHS “completamente en ridículo”. Albence y otras personas propusieron “soluciones”, tales como poner a los padres cuyos enjuiciamientos eran especialmente rápidos en custodia del ICE o en “un centro de detención temporal alternativo” que no fuera la estación de la Patrulla Fronteriza donde sus hijos estaban detenidos. Esto parece haber ocurrido en algunos casos.

Albence también sugirió que la Patrulla Fronteriza entregue a los niños separados al HHS “rápidamente”, en lugar de esperar a que los contratistas federales los recojan, para minimizar la posibilidad de que sean devueltos a sus padres. “Confirmar que la expectativa es NO reunir a las familias ni liberarlas”, escribió Albence. (Albence se negó a hacer comentarios sobre este artículo).

La sede del DHS envió un correo electrónico el 25 de mayo manifestando que, siempre que fue posible, la agencia no tuvo más remedio que reunir a los niños con los padres que hayan cumplido con sus sentencias penales. Las respuestas dejaron claro que se trataba de información nueva y que no formaba parte del plan original. La mera acusación “no era exactamente una consecuencia que teníamos en mente”, escribió Sandi Goldhamer, un agente de largo tiempo y socia de Carla Provost, la jefa de la Patrulla Fronteriza en ese momento.

Aún sin saber que los funcionarios del DHS estaban trabajando para mantener a los padres e hijos separados, tanto Bash como Patrick comenzaron a idear estrategias para que se procese a los padres por cargos de delito menor, para cumplir con las órdenes de Sessions y que los padres ni siquiera así pudieran recuperar a sus hijos rápidamente: Patrick desarrolló un plan para transferir a algunos detenidos a tribunales menos sobrecargados en su distrito, más lejos de la frontera, para que se los pudiera procesar más rápido. Bash elaboró otro plan para llevar a cabo procesamientos por videoconferencia, para evitar que se separen las familias en primer lugar. Ninguna de las ideas llegó a prosperar.

Bash recientemente revisó las comunicaciones entre Albence y otras personas en el DHS, que se hicieron públicas el pasado junio como parte del caso judicial por el que Bash fue destituido. Él estaba indignado. Supuestamente, declaró que el sistema de justicia penal estadounidense de ninguna manera consideraría ético o legalmente permisible mantener a los niños alejados de sus padres con fines punitivos una vez completado el proceso legal. “No le haríamos eso ni a un asesino, y mucho menos a un padre que se enfrenta a cargos de delito menor como resultado de su intento de solicitar asilo”, dijo Bash.

En casos de la corte federal, varios padres cuyos hijos fueron llevados alegan haber sido burlados por agentes, quienes les dijeron: “¡Feliz Día de la Madre!”. Y los padres cuentan que les dijeron que darían a sus hijos en adopción o que nunca los volverían a ver. Otros cuentan que los amenazaban o ignoraban cuando preguntaban dónde estaban sus hijos. Tal vez, para evitar altercados físicos, algunos agentes comenzaron a engañar a las familias para separarlas, o a sacar a los niños de las celdas de detención mientras ellos y sus padres dormían. Bash informó a la sede del DOJ que dos demandantes en su distrito manifestaron que les habían dicho que estaban llevando a bañar a sus hijos, y luego nunca los volvieron a ver.

Las instalaciones de cuidado infantil del HHS evolucionaron rápidamente para satisfacer las nuevas demandas. Bethany Christian Services, que antes había atendido principalmente a niños de 12 años o más, tuvo que abrir un preescolar improvisado para hacer frente a la afluencia de niños apartados de sus familias que aún no habían dejado los pañales y que necesitaban tomar siestas. Los maestros de Bethany dejaron de intentar dar lecciones tradicionales y optaron, en su lugar, por pasar películas relajantes durante todo el día, con la esperanza de evitar un efecto dominó en el que el arrebato emocional de un niño podría desencadenar rápidamente una ola de lamentos en el aula.

“Lo que demostró fue que, de hecho, no queremos sus masas cansadas, pobres y hacinadas”, me dijo Hannah Orozco, supervisora de Bethany. “Queremos disuadirlos de venir aquí, y ese fue el mensaje que les dimos a los niños”.

Cuando todo el sistema de refugiados del HHS alcanzó su capacidad máxima, Bethany se resistió a las súplicas de expandir su programa, que consiste, principalmente, en hogares de acogida y algunos pequeños refugios que albergan solo hasta 36 niños a la vez, para garantizar que cada niño recibiera atención individualizada. Pero otras empresas aceptaron con entusiasmo contratos gubernamentales multimillonarios, para albergar a niños en enormes instalaciones, como un antiguo Walmart, que, en un momento, se usó para detener a más de 1.000 niños.

Hace mucho tiempo se han eliminado las instituciones a gran escala del sistema nacional de bienestar de la infancia porque se las considera traumáticas e inseguras. De hecho, muchos de esos centros para niños inmigrantes fueron objeto de muchas denuncias por abusos físicos y sexuales, y algunos han eludido los requisitos federales de verificación de antecedentes para evitar a los depredadores. Sin embargo, es donde terminaron la mayoría de los niños apartados de sus familias, en parte, porque la falta de planificación anticipada no dejó otra opción.

Algunos de los trabajadores sociales con contrato con el HHS lucharon con el dilema ético que presentaba la Tolerancia Cero. No están seguros de si, con su trabajo diario, estaban ayudando a los niños separados de sus familias o si estaban permitiendo el sistema que los había alejado de sus padres en un primer lugar. A mediados de junio, Antar Davidson dejó su trabajo en un gran refugio en Arizona y se llamó a sí mismo un “objetor de conciencia” a la Tolerancia Cero. Los niños en el refugio habían estado “corriendo por los pasillos, gritando, llorando por sus madres, tirando sillas”, dijo a MSNBC, lo que llevó a un “enfoque más duro y autoritario por parte del personal para intentar lidiar con el problema”.

El público en general tampoco sabía qué pensar del papel del HHS en la situación. Los reporteros y los manifestantes se presentaron fuera de las instalaciones de cuidado infantil del HHS, cuyas direcciones suelen estar muy vigiladas debido a la vulnerabilidad de sus clientes. El personal les puso máscaras de Halloween a los niños o les cubrió los rostros cuando estaban fuera para que no se los pudiera fotografiar. Una trabajadora social de Bethany en Michigan fue escupida en una gasolinera y acusada de secuestro.

Incluso los altos funcionarios de la administración de Trump estaban profundamente confundidos. Durante semanas, el equipo de comunicaciones de la Casa Blanca pidió al Departamento de Justicia que presentara fiscales que pudieran explicar la política a los medios, pero nadie en la sede del DOJ quería hacerlo. May Davis, la entonces coordinadora adjunta de políticas de la Casa Blanca, intentó explicar la situación a un grupo de altos funcionarios, incluyendo a Sarah Huckabee Sanders, la secretaria de prensa, que estaba siendo interrogada por los periodistas sobre la política. Sin embargo, Davis inadvertidamente sumó confusión cuando sugirió que padres e hijos se estaban reencontrando rápidamente. “Hice algunos diagramas de lo que pensé que estaba sucediendo”, me dijo Davis. “Por supuesto, lo que yo pensaba que estaba sucediendo era ‘que los separaban durante dos o tres días, mientras se presentaban ante un juez, y luego volvían a estar juntos’ ”.

En un momento dado, Claire Grady, ayudante de Nielsen, envió un correo electrónico a Rod Rosenstein, al Departamento de Justicia, para pedir ayuda: El HHS se había quedado sin espacio, por lo que más de 100 niños pequeños habían estado detenidos durante varios días en celdas de detención de la Patrulla Fronteriza. Rosenstein, que previamente había amonestado a la oficina de John Bash por negarse a procesar a los padres de niños muy pequeños (un cargo que Rosenstein objetó al inspector general del DOJ, aunque el hecho estaba explícitamente documentado), respondió preguntando si simplemente podía cambiarse el límite de tiempo de 72 horas para el traslado de los niños al HHS por su seguridad. Grady y Gene Hamilton tuvieron que explicarle a Rosenstein que el límite no era negociable; por mucho tiempo había sido dispuesto por ley. Finalmente, la cadena de correos electrónicos llegó a Jeff Sessions, quien respondió, aunque sin brindar ayuda: “Si la cuestión no se está resolviendo en ninguna agencia del DOJ, no dude en informármelo, y es posible que Rod o yo tengamos que llamarlos. Estamos en modo post atentados del 9/11. Todo es urgente”.

Fotoilustración de manifestantes en Tornillo, Texas
Junio de 2018: Una persona en Tornillo, Texas, protesta contra la política de Tolerancia Cero de la administración de Trump, que separó a las familias que intentaban cruzar sin autorización la frontera hacia los EE. UU. (Mike Blake / Reuters / Alamy)

Mientras tanto, la Oficina de Derechos Civiles y Libertades Civiles del DHS estaba siendo invadida por peticiones de ayuda de padres apartados en busca de sus hijos. Quienes solían presentar las solicitudes eran los empleados contratados nuevos. Cada vez que un empleado comenzaba a procesar una nueva denuncia, aparecía en la pantalla de su computadora una foto del niño tomada por la Patrulla Fronteriza. En algunas fotos, un niño muy pequeño parecía no darse cuenta de lo que estaba a punto de suceder y sonreía como si fuera una fotografía escolar. Las fotografías de niños mayores, que parecían tener una mejor comprensión de lo que estaba pasando, los mostraban con lágrimas o incluso gritando. Los empleados jóvenes en la oficina comenzaron a descomponerse en sus escritorios.

Los registros del gobierno indican que, al igual que con la Operación Streamline, la política de Tolerancia Cero comenzó a impedir que los agentes de la Patrulla Fronteriza y los fiscales federales se centraran en cuestiones de mayor importancia. La Patrulla Fronteriza “no está enfocándose en los acusados de delitos graves reales, como los agresores sexuales”, les escribió el oficial de enlace del DOJ para los fiscales de EE. UU. en un correo electrónico a sus colegas en Washington.

Ron Vitiello me comentó que el objetivo principal de la CBP durante la Tolerancia Cero era dar ánimo a los agentes, cuya moral estaba siendo socavada. “Se suponía que esto iba a ser un sufrimiento a corto plazo para obtener ganancias a largo plazo”, dijo Vitiello. “Estaba tratando de comunicarme con los trabajadores para decirles: ‘Esperamos ver una disminución en los números. Esto va a funcionar’ ”.

Pero, a medida que las partes individuales del sistema de aplicación de la ley de inmigración luchaban con sus propios problemas logísticos, empezó a salir a la luz una situación aún más horripilante. La política estaba tan rota (quizás intencionalmente), que no podía arreglarse.

Vitiello y otros en la sede de la CBP y del DHS dijeron que no estaban al tanto de las desgarradoras separaciones denunciadas por los medios. “Me sentiría mal si alguien fuera a ducharse, y al volver su hijo ya no estuviera. Soy un ser humano”, me dijo Vitiello. Él y otras personas dijeron que recordaban que el estado de ánimo empezaba a agriarse cuando parecía que el departamento había “perdido la narrativa” sobre la Tolerancia Cero ante la prensa. McAleenan ha dicho desde entonces que sentía que la política debía terminar porque la CBP estaba perdiendo la confianza del público, aunque él y otros también han expresado la creencia de que los periodistas exageraban en sus informes sobre las separaciones para que parezcan más atroces de lo que realmente eran.

Sin embargo, algunas personas en el DHS creyeron en los informes bien documentados que se leían en la prensa, muchos de los cuales involucraban filtraciones de trabajadores del gobierno. Elizabeth Neumann, subjefa de personal de Nielsen, recuerda que una funcionaria de carrera entró a su oficina y dijo: “No puedo creer que lo están haciendo.  Es una crueldad”.


El 18 de junio, la niebla de la negación se disipó abruptamente cuando ProPublica publicó un audio filtrado de niños apartados de sus familias llorando por sus padres en una instalación del gobierno. Pone en duda las garantías oficiales de que se estaba separando a los niños de sus familias sin contratiempos y con humanidad. Además, deja claro que los objetivos de la política de Tolerancia Cero no eran los delincuentes, sino los niños.

Durante la grabación de siete minutos, un niño pequeño, con un sollozo bajo y tambaleante, repite una y otra vez: “Papá, papá”. “Quiero ir con mi tía”, les dice una niña a los agentes. Mientras gritaban, puede escucharse a un oficial de detención bromeando con los niños. “Tenemos una orquesta”, dijo. “Lo que nos falta es un director”.

Texto que describe el audio de una grabación publicada por ProPublica: Niños llorando; Empleado consular: ¿qué queda por hacer?; Empleado consular: Aún no le han dado de comer porque ella quiere hablar primero con su tía. Así que voy a llamarla.; Voz de hombre: ¡No llores!

Para ese momento, el gobierno de EE. UU. había separado de sus padres a más de 4.000 niños bajo la política de Tolerancia Cero y las iniciativas locales anteriores.

El fragmento del audio fue recogido por los medios de comunicación de todo el mundo. Los comentarios publicados en la versión del audio de ProPublica subida a YouTube muestran las noticias de la separación familiar que finalmente penetran en la conciencia del público.

Mientras lo escuchaba, lloré hasta que me dolió mucho el estómago.

Me rompe el corazón escuchar a estos niños inocentes llorando. Espero que se reencuentren pronto. Dios nos ayude.

Nunca he estado más avergonzado de los Estados Unidos.


Frente a una protesta abrumadora, incluso los aliados republicanos más acérrimos de la agenda de inmigración de Trump comenzaron a condenar la Tolerancia Cero, algunos de ellos de forma sincera, y otros, por razones políticas. “Todos los que estamos viendo imágenes de estos niños llorando, alejados de sus mamás y papás, estamos horrorizados”, dijo el senador Ted Cruz a los periodistas. “Debemos mantener a los niños con sus padres. Los niños necesitan a sus madres. Necesitan a sus padres”.

Un alto funcionario del HHS me dijo que le tomó semanas aceptar lo que estaba leyendo en las noticias, incluso que los oficiales de inmigración estaban presionando a los padres para que aceptaran que los deporten sin sus hijos. “Era algo tan horrible que a ninguna persona normal se le ocurriría que esto estaba sucediendo”, dijo el oficial.

Cuando la negación ya no era viable, la administración no perdió el tiempo buscando a alguien como chivo expiatorio.

“Era muy evidente que querían un chivo expiatorio”, me dijo Lauren Tomlinson, asistente de comunicaciones sénior del DHS. Cuando ProPublica publicó la grabación, Kirstjen Nielsen estaba en Luisiana para dar un discurso. En ese momento, ya había rechazado varios pedidos de Sarah Huckabee Sanders para que hable con la prensa desde el podio de la Casa Blanca.

Mientras todavía estaba en el avión de regreso a Washington, Nielsen fue convocada a la Casa Blanca por Sanders, quien, cuando llegó, le dijo que era la persona indicada de la administración para abordar la política, y que los intentos de Jeff Sessions para hacerlo solo habían empeorado la situación. (Días antes, el fiscal general había invocado a la religión para justificar la separación de las familias). Nielsen y su círculo íntimo se reunieron en el ala oeste con John Kelly, quien la instó fuertemente para que no diera la conferencia de prensa. “Le dije: ‘Mira, cualquiera que vaya por ahí va a poseer esto’”, me dijo Kelly. Nielsen me dijo que sentía que no tenía otra opción. Sus agentes estaban siendo atacados, y era su trabajo defenderlos.

Nielsen se sentó en la silla de maquillaje de la sala de prensa de la Casa Blanca, mientras que un ayudante, Jonathan Hoffman, la acribilló con posibles preguntas. Minutos después, caminó hacia el podio. Kevin McAleenan, quien había instado a Nielsen a aprobar la política y era oficialmente responsable de las acciones de la Patrulla Fronteriza, se paró a un lado, donde no podían tomarlo las cámaras de los canales noticias, y se quedó en silencio, y pasó desapercibido.

En la sede del DHS, el personal se reunió frente a los televisores. “Creo que, en ese momento, quedó muy claro para todos lo mal que estaba todo”, me comentó un alto funcionario del DHS. “Para algunas personas, esa fue la primera vez que realmente entendieron la gravedad de la situación”.

En el podio, Nielsen estaba a la defensiva, y eso hacía que los periodistas se pusieran nerviosos. Intentó diferenciar el hecho de separar a las familias y de procesar a los padres, pero ignoraba que, en la práctica, equivalía a lo mismo. Hizo hincapié en que los padres apartados de sus hijos estaban cometiendo el delito de cruzar la frontera ilegalmente, incluso para ejercer su derecho legal a solicitar asilo. Ella no reconoció que el DHS había estado limitando el acceso a los puertos oficiales de entrada a través de un proceso llamado “medición”, impidiendo efectivamente que las personas soliciten asilo sin violar la ley. Tampoco reconoció que además se separaron un número considerable de familias que pudieron cruzar por los puertos oficiales de entrada o que cruzaron por otro lado, pero que no estaban siendo procesados. Además, en repetidas ocasiones, culpó al Congreso por la política de Tolerancia Cero, y sugirió que no tuvo otra opción que hacer cumplir los estatutos que establecían que cruzar la frontera de forma no autorizada era un delito, lo que era mentira. Fuera de la Operación Streamline, se procesó a pocas personas en las décadas anteriores a la asunción de Donald Trump.

Para los espectadores que veían la conferencia de prensa, para quienes los gritos de súplica de los niños apartados todavía estaban frescos en su mente, el enfoque de Nielsen en los detalles técnicos parecía sorprendentemente insensible.

Fotografía de Cindy Madrid con los ojos cerrados y abrazando a su hija, Ximena, que mira a la cámara y sostiene una pluma
Cindy Madrid localizó a su hija, Ximena, quién en ese entonces tenía 6 años, solo después de reconocer su voz en un audio publicado por ProPublica, de niños separados llorando en instalaciones del gobierno. (Christopher Lee para The Atlantic)

Nielsen me dijo que, en el momento de la conferencia de prensa, ella no estaba familiarizada con los informes de los canales de noticias que indican que los bebés habían sido tomados de sus padres, ni que los miembros de la familia se estaban perdiendo en el laberinto de la detención federal, ni que se había deportado a los padres sin sus hijos, hecho que ocurrió más de 1.000 veces, según los registros federales. Esto es casi imposible de creer dada su reputación como alguien que estaba obsesivamente bien preparada e informada sobre la cobertura de los medios de comunicación de las operaciones de su departamento.

“Lo último que apoyaría o defendería es algún tipo de escena trágica en la que alguien está agarrando a un bebé de los brazos de alguien”, me dijo Nielsen. “Eso iría en contra de cada hueso y célula de mi cuerpo”.

Después de la conferencia de prensa, Nielsen salió de la Casa Blanca. Cuando se fue, la gente le dio palmaditas en el hombro como si estuvieran tocando un ataúd en un funeral por última vez.

Reencuentro

En el gobierno federal, los intentos inútiles por controlar los daños comenzaron la mañana siguiente. Fue “un desastre minuto a minuto”, me dijo un funcionario del Departamento de Justicia, mientras recordaba una reunión de ese día. “Se nos filtraba agua de todos lados”. El equipo de asuntos del Congreso del DOJ informó haber recibido muchas solicitudes oficiales de información del Capitolio, mientras que, Rod Rosenstein finalmente admitió no haber encontrado forma de resolver los problemas logísticos de la Tolerancia Cero. En la reunión, Sarah Isgur, portavoz principal del DOJ, dijo que la narrativa en torno a la política había sido tan mala que no había posibilidades de recuperarse. A medida que los informes por distrito (en principio, rigurosamente controlados) circulaban más y más en la sede, quedó claro que “había algunas historias injustas por ahí afuera”, me dijo el funcionario, “pero incluso las más justas eran malas. Y, sobre algunas con las que el reportero se había equivocado, los hechos eran, en realidad, peores”.

Los republicanos del Congreso comenzaron a pedir no solo el fin de las separaciones familiares, sino un proyecto de ley que las prohibiera en el futuro. Paul Ryan, portavoz de la Cámara, le dijo a John Kelly en una reunión durante el desayuno que, si el Congreso no prohibía las separaciones familiares, “perderemos la Cámara [en las elecciones de mitad de período de 2018]. Será el fin del Partido Republicano”. Kelly relató lo que sucedió en la reunión en una discusión con Stephen Miller y algunos funcionarios del DHS, según las notas contemporáneas de un miembro del personal de Nielsen que estaba presente. Miller argumentó que el programa debía continuar.

La Casa Blanca se apresuró a emitir un decreto, uno de los más confusos y absurdos de todos los redactados por la administración de Trump. Pedía que el Departamento de Justicia continúe con la política de “tolerancia cero” en los cruces fronterizos ilegales, pero, al mismo tiempo, que el Departamento de Seguridad Nacional mantenga la unidad familiar de los procesados. Este fue un decreto oxímoron: La Tolerancia Cero significaba separar a las familias.

“No tenía ningún sentido”, recordó May Davis.

Sin embargo, al día siguiente, el 20 de junio, Trump lo firmó. “Simplemente cedió”, me dijo uno de los Hawks. La administración indicó que las familias que cruzaran la frontera serían detenidas juntas en los centros de detención familiar del DHS durante sus procesos penales y de inmigración. Esto tampoco tenía sentido. Por un lado, el DHS contaba con unas 3.000 camas para la detención de familias. Si consideramos la cantidad de personas que cruzan la frontera, esas camas se habrían llenado en menos de dos semanas. Por otro lado, los casos de asilo tardan más de un año en resolverse, en promedio, y un decreto federal de consentimiento de larga data establece que las familias pueden permanecer detenidas durante un máximo de 20 días, debido al daño que la detención a largo plazo causa a los niños.

Durante una conferencia telefónica ese mismo día, Gene Hamilton dijo a los periodistas que la administración planeaba impugnar el decreto de consentimiento, y que, si el juez no aceptaba hacerlo, las separaciones familiares comenzarían de nuevo. “Está en las manos de la jueza [Dolly] Gee”, dijo, refiriéndose a la jueza del Distrito Central de California, quien se pronunciaría sobre la impugnación. “¿Podremos detener a familias extranjeras sin separarlas o no?”. Según Hamilton, el decreto de consentimiento “puso a este poder ejecutivo en una posición insostenible”, como si el límite de 20 días no hubiera estado vigente durante varios años y como si fuera la jueza, y no la administración de Trump, quien había cambiado las cosas con la política de Tolerancia Cero.


Para finales de junio, ya no se hacían nuevas separaciones. Sin embargo, todavía no está claro qué sucederá con los, aproximadamente, 3.000 niños separados que permanecen bajo custodia del gobierno, por no hablar de los que fueron liberados y entregados a un patrocinador en los Estados Unidos, pero que todavía no se han reencontrado con sus padres. Poco después de que se emitiera el decreto, un portavoz del HHS les comentó a los periodistas que las familias separadas no se reencontrarían de inmediato, porque los padres estaban detenidos por cargos penales o de inmigración. Un segundo portavoz del HHS de la misma agencia agregó más tarde ese día que el primero se había equivocado, y explicó: “Todavía es demasiado pronto, estamos esperando más orientación sobre el asunto”, pero “el reencuentro es siempre el objetivo final”.

Recién en el apogeo de la política de Tolerancia Cero, Alex Azar, quien era el secretario de Salud y Servicios Humanos y, por lo tanto, el supervisor del sistema encargado de albergar a los niños apartados de sus familias, comenzó a entender el papel de su agencia en lo que estaba sucediendo, según su personal. (Azar se negó a hacer comentarios sobre esta historia). Azar, exabogado corporativo y ejecutivo farmacéutico, fue nombrado después de que el primer secretario del HHS de la administración, Tom Price, fuera destituido en medio de un escándalo. Se le pidió que revisara las regulaciones federales sobre el precio de los medicamentos recetados, y persiguió su objetivo con un enfoque riguroso. Azar estaba tan obsesionado con la eficiencia que los empleados del HHS no podían ponerse en contacto con él directamente, para que no se distrajera. Su dirección de correo electrónico era un secreto bien guardado. El jefe de personal y el subjefe de personal de Azar enviaban todas las preguntas internas a su oficina, y delegaban todo lo que no fuera de suma importancia para Azar. Esto incluye todos los asuntos relacionados con la inmigración.

Azar no conocía ni se preocupaba mucho por la política de inmigración cuando se unió a la administración. No pensaba que fuera un problema, porque le parecía que era solo una fracción del trabajo del HHS. Se le entregó toda la cartera de inmigración al subsecretario de Azar, Eric Hargan. Los colegas dicen que no se tomó en serio a Hargan, quien, con frecuencia, se ausentaba de la oficina, no parecía totalmente comprometido en las reuniones y no tenía dominio de los detalles de la política en sus áreas de responsabilidad, como la inmigración. Hargan se negó a hacer comentarios, por lo que no pude confirmar si tenía conocimiento de la política de Tolerancia Cero antes de que se anunciara, pero Azar y otros cercanos a él insistieron en que los había sorprendido por completo. Aunque Nielsen y otros en el DHS dijeron que se le advirtió a Azar acerca de la futura implementación de la política, reconocieron que, tal vez, nadie “lo sacudió por los hombros” para explicarle exactamente lo que significaba. Las personas cercanas a Azar dicen que, si hubiera estado involucrado en alguna conversación sobre una política de enjuiciamiento que pareciera inocua, no se habría percatado. No tenía ni idea de que el enjuiciamiento implicaría separar a los niños de sus padres, y mucho menos que fueran su responsabilidad como parte del grupo más grande de menores no acompañados en EE. UU., cuyo cuidado se encomendó al HHS.

Fotografía de una mujer que lleva una camiseta rosa y abraza a un niño de camiseta azul, junto a una foto escaneada de la ficha policial del mismo niño tomada por el gobierno de Estados Unidos de cuando tenía 5 años.
Lucinda y su hijo Gabriel, fotografiados en julio. Fueron separados durante casi tres meses, cuando él tenía 5 años, después de que llegaron a los EE. UU. provenientes de Honduras. (Juan Diego Reyes para The Atlantic; Gobierno de los EE. UU.)

Algunos de los empleados de Azar me comentaron que, una vez que él realmente comprendió lo que implicaba la política de Tolerancia Cero, se enfureció. Pero en ningún momento, al parecer, él u otros funcionarios del Departamento de Salud y Servicios Humanos se manifestaron en contra de separar a los niños de sus familias antes de que la política se implementara en todo el país. Sí, los funcionarios del HHS habían sido excluidos de la conversación por los Hawks de la Casa Blanca, pero no lo habían notado, admiten libremente, porque no habían estado prestando atención. Esto es particularmente evidente en el caso de Azar. Tenía una relación cercana con Ivanka Trump y Jared Kushner, que Azar aprovechó para evitar que Miller lo contactara directamente. Si Azar hubiera estado en sintonía con lo que la Tolerancia Cero significaría, la podría haber evitado o reformado.

Las noticias hicieron que la conexión de su agencia con la crisis fuera innegable. La oficina de Azar se enteró por los productores de Rachel Maddow que, en su programa MSNBC, se diría que, durante la vigencia de la política de Tolerancia Cero, mientras su agencia estaba construyendo una ciudad de tiendas en el desierto de Texas para albergar a la gran cantidad de niños apartados de sus familias que estaban bajo su custodia, Azar había asistido a su reunión del Dartmouth College. Azar exigió que Scott Lloyd, de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados, localizara de inmediato a los padres de los niños acogidos por el HHS. Cuando Lloyd fue a la oficina de Azar a la mañana siguiente para decir que los padres estaban bajo custodia del ICE, Azar comenzó a gritar: quería las ubicaciones exactas de todos los padres. Todavía no entendía que esa información no existía.

Azar dejó a un lado a Lloyd pensando que era un inútil y nombró a Bob Kadlec, asistente del secretario de preparación y respuesta de la agencia, para que se hiciera cargo de la tarea de volver a contactar a padres e hijos. Kadlec, un médico, había pasado dos décadas en Operaciones Especiales de la Fuerza Aérea y la CIA, donde sirvió en cinco despliegues, antes de su traslado al HHS. Aunque había asesorado a republicanos en el Congreso y en la Casa Blanca durante la administración de George W. Bush, se considera independiente.

Reconoció inmediatamente que no sabía casi nada sobre la ley de inmigración o el sistema de albergues que el HHS supervisó, e hizo algo que los responsables de la política de Tolerancia Cero aún no habían hecho: recurrió a la burocracia en busca de ayuda. Pidió a su personal que identificara expertos en la agencia que pudieran darle información. Poco después, Jonathan White estaba en su oficina. (White se había enfurecido tanto con Scott Lloyd que había renunciado a la ORR y había sido trasladado a un departamento diferente dentro del HHS. Además de rechazar las súplicas de White por una intervención sobre la separación familiar, Lloyd también había tratado de evitar que las niñas no acompañadas y en el cuidado de la ORR abortaran, usando una hoja de cálculo con datos como su último ciclo menstrual. “Estábamos en una caída libre de derechos humanos”, recordó White). Después de una conversación de media hora, Kadlec anunció que White se haría cargo de toda la operación.

Para White, la cita se sintió como una oportunidad para redimirse por su fracaso para detener las separaciones familiares. Una semana después, Lloyd todavía no había cumplido con otra de las peticiones de Azar: hacer una lista de niños potencialmente separados. Azar le dijo a su personal que preparara café y ordenara pizzas; nadie se iba a casa. Cerca de una docena de miembros del círculo íntimo de Azar se sentaron en el centro de mando del secretario frente a las computadoras, mientras que Jallyn Sualog, una funcionaria del HHS que había estado trabajando con White para oponerse a la separación de familias, les enseñó a usar un portal en línea para revisar cada detalle disponible sobre cada niño en su cuidado.

En ese momento, el Departamento de Salud y Servicios Humanos estaba albergando a unos 12.000 niños, la mayoría de los cuales habían llegado a los Estados Unidos solos. Esa era la población para la que se había creado el sistema de albergues de este departamento. Tendrían que revisar esos registros para averiguar qué niños (casi una cuarta parte del total) habían llegado a la frontera con, al menos, uno de sus padres, y luego habían sido separados.

10 fotografías en blanco y negro de las fichas policiales de niños separados de sus familias, tomadas por el gobierno estadounidense
Empleados federales tomaron fotografías para los archivos policiales de niños que fueron arrebatados de sus familias. Estas fotografías son reimpresas con permiso de los padres de los niños y representantes legales. (Gobierno federal de los EE. UU.)

Las fotos tomadas en los refugios de la ORR, similares a las fotos policiales que habían hecho que los empleados de la Oficina de Derechos Civiles y Libertades Civiles del DHS lloren en sus escritorios, ahora llenaron las pantallas de las computadoras de Kadlec y sus colegas. Cuando me reuní con Kadlec hace poco, lloró cuando me dijo que las fotos que vio esa noche aún lo atormentaban. “La primera era una niña sonriendo. Otro era un niño llorando. Otra era una adolescente que parecía con miedo”, dijo. “Se podía ver que lo que estaba sucediendo era devastador para estos niños… Algunos de ellos eran bebés. Algunos tenían 1 y 2 años, 5 años, 10 años”.

Recordó el “increíble silencio” que se hizo en la habitación donde él y el resto del equipo de trabajo estaban trabajando. “El equipo después la pasó mal. Tuve que tomarme algunas licencias prolongadas debido al trauma emocional”.

Esa noche fue la primera vez que los funcionarios del HHS tuvieron que enfrentarse a los rostros de los niños separados de sus familias, algo que muchos de los responsables de la política nunca han tenido que hacer.


Correos electrónicos internos revelan que los funcionarios de Inmigración y Control de Aduanas, que estaba asumiendo la custodia de los padres apartados de sus hijos después del cumplimiento de sus procedimientos penales, estaban decididos a impedir que el grupo de trabajo del HHS reuniera a las familias, salvo que fuera para deportarlos. “Querrán saber qué puede hacerse para facilitar la reunificación inmediata”, dijo Matt Albence, quien pronto se convertiría en el director adjunto del ICE, a sus colegas en un correo electrónico. “Les dije que eso no iba a pasar, a menos que el Departamento nos indique que lo hagamos”.

Con la sensación de que la reunificación no estaba cerca, Lee Gelernt de la ACLU pidió la intervención del juez en su caso contra el gobierno. La mayoría de los niños separados de sus padres, salvo los entregados a otros familiares en los Estados Unidos, seguían bajo la custodia del HHS. En su mayoría, los padres apartados de sus hijos que aún no habían sido deportados estaban cumpliendo una condena por su entrada ilegal, y estaban bajo la custodia de la Oficina de Prisiones o detenidos por el ICE. Muchos padres todavía no sabían dónde estaban sus hijos, y viceversa. (Una mujer, Cindy Madrid, pudo localizar a su hija de 6 años, Ximena, recién después de reconocer la voz de la niña en el audio publicado por ProPublica, que fue reproducido durante una transmisión de noticias que se proyectó en el centro de detención del sur de Texas, donde Madrid estaba detenida).

El 26 de junio, la jueza Dana Sabraw del Distrito Sur de California respondió a la petición de Gelernt y ordenó que el gobierno devuelva a los niños menores de 5 años a sus padres en un plazo de dos semanas, y que el resto de los niños se reencuentre con sus familias en un plazo de 30 días. El asesor legal de Alex Azar le advirtió que podría ser detenido por desacato al tribunal si el gobierno no cumplía con éxito, lo que, en teoría, significaba que Azar podría ir a la cárcel.

Kadlec y White, quienes dirigían el grupo de trabajo del HHS, buscaron a algunos representantes selectos del ICE y CBP para ayudar con esta tarea. “Tuvimos que elegir a esas personas cuidadosamente para que estuvieran dispuestas a compartir información”, me dijo Kadlec, anticipándose a que no todos en las agencias de orden público estarían dispuestos a colaborar.

“Los líderes del ICE no querían que tuviéramos éxito”, aseguró White. “Querían sabotear el esfuerzo de reunificación”. Según White, la posición inicial de Tom Homan como jefe del HHS era que las familias debían reencontrarse solo “en la línea de vuelo en Phoenix”. Es decir, que no quería devolver ningún niño a sus padres, salvo que se garantizara su deportación inmediata. Sin embargo, no había manera de resolver las solicitudes de asilo de todos (muchas finalmente tuvieron éxito) antes de la fecha límite de la jueza Sabraw, por lo que White solicitó que se designen cuatro instalaciones de procesamiento del DHS para que funcionen como sitios de reunificación. Incluso entonces, dice White, los líderes del ICE comenzaron a inventar excusas para explicar por qué necesitaban más tiempo. Los correos electrónicos muestran que a algunos niños se les dijo que iban a reencontrarse con sus padres y luego se los llevó a lugares de reunificación a horas de distancia, solo para decirles, al llegar, que el ICE quería seguir entrevistando a sus padres antes de liberarlos, o que sus padres ni siquiera habían llegado allí todavía. (Homan niega haber intentado retrasar las reunificaciones familiares).

“Estaban tratando de demorarlo”, aseguró White. Se dirigió al personal del HHS: “Si no cumplimos con la fecha límite del juez, no hay nada que podamos usar para presionar a la administración para que esto suceda. ¿Lo entienden? Entonces, esos niños estarán esperando, se deportará a sus padres, y posiblemente queden separados por el resto de sus vidas”.

White les dijo a sus colegas que organizaran los vehículos y vuelos que necesitaban para trasladar a miles de niños por todo el país en cuestión de días. “Esto es lo que vamos a hacer: una vez que tengan luz verde, llevan a esos niños a la puerta del ICE. Los dejan fuera de la puerta. Les llevaremos a los niños y los obligaremos a hacer las reunificaciones, o todo el mundo verá a los niños a su alrededor… Lleven aperitivos, lleven mantas. Asediaré al ICE con niños hasta que los reúnan con sus familias como se les exige”.

Mientras los funcionarios de los Departamentos de Seguridad Nacional, Justicia y Salud y Servicios Humanos se preparaban para las audiencias del Congreso, los asistentes de comunicaciones del DHS Jonathan Hoffman y Katie Waldman se presentaron en el HHS para tener una sesión de la “junta de homicidios” para preparar a Jonathan White y a otros para que respondan preguntas. Rápidamente, estallaron las discusiones, ya que White y Judy Stecker, un funcionario de asuntos públicos en el HHS, sintieron que White estaba siendo presionado para sugerir, con precisión, en el estrado de los testigos que el HHS había recibido notificación previa sobre la Tolerancia Cero. Stecker le pidió respaldo a Brian Stimson, el abogado principal del HHS que trabaja en litigios sobre separaciones familiares. Según los asistentes, Stimson le dijo a Hoffman “vete a la mierda” y lo llamó “idiota”. (Hoffman lo niega).

Después, Waldman apartó a White y lo llamó liberal humanitario. White se despachó contra ella, temblando y poniéndose colorado. “Es difícil mantener el equilibrio emocional cuando se trata de separación familiar”, me dijo. “No acepto que un objetivo de inmigración, por importante que sea para la gente, se logre con el alto precio” de separar a las familias. “¿Entiendes que no son niños hipotéticos? Son niños reales… Son tan reales como mis hijos”.

Las consecuencias

El 1 de agosto, una semana después de la fecha límite de la corte, más de 500 niños separados de sus familias permanecían bajo custodia federal. Muchos otros habían sido liberados y entregados a patrocinadores en los EE. UU., pero aún no se habían reencontrado con el padre o madre con quien habían cruzado la frontera. El gobierno todavía no ha hecho ningún esfuerzo por ponerse en contacto con los padres deportados sin sus hijos. La jueza Sabraw calificó el progreso del gobierno como “simplemente inaceptable”, y agregó que “por cada padre que no se reencuentre habrá un niño huérfano para siempre. Y eso es 100 % responsabilidad de la administración”.

Luego, se sumaron niños separados de sus padres a la demanda colectiva de Lee Gelernt. Hasta el momento, el número total de separaciones conocidas entre enero de 2017 y junio de 2018 es de más de 4.000. Después de entrar en la Casa Blanca, el presidente Joe Biden firmó un decreto que constituye el Grupo de Trabajo de Reunificación Familiar, encabezado por Michelle Brané, para continuar rastreando y reuniendo a las 1.500 familias que permanecieron separadas cuando su administración asumió el cargo. Al menos 360 padres se han reencontrado con sus hijos. A los que fueron deportados después de su separación se les permitió regresar a los Estados Unidos y se les concedió un período de libertad condicional temporal de tres años. No obstante, aproximadamente, 700 familias aún no se han reunido oficialmente, según las estimaciones más recientes del grupo de trabajo. Se presume que algunas familias se han reencontrado por su cuenta sin informarlo, por temor a interacciones adicionales con el gobierno de EE. UU.

Aunque destacadas organizaciones de bienestar infantil han descrito las separaciones familiares llevadas a cabo por la administración de Trump como “abuso infantil” y “tortura”, Gelernt evita usar ese lenguaje, porque cree que puede causar que la gente evada la situación aún más. Pero lucha con la realidad de que tanta gente parece haberlo superado. “El padre estadounidense promedio, cuando deja a su hijo por primera vez por una noche con una niñera, se preocupa cada minuto, o cuando deja a su hijo por primera vez en el preescolar se preocupa por lo que el niño está pasando, o por la primera vez que un maestro los trata injustamente”, dijo. “¿Realmente piensan que estas familias no sufren de la misma manera que ellos por perder a un hijo?”.

Su principal objetivo en este momento es presionar para que las familias separadas reciban un estatus legal permanente en los Estados Unidos, “algo que el Congreso podría hacer mañana”, dijo. Otros siguen defendiendo la ley que Paul Ryan solicitó, que hace ilegal separar a los niños de sus padres con fines disuasorios. Ambos esfuerzos quedaron truncos.

El efecto duradero de la separación familiar es innegable. Cheryl Aguilar, una terapeuta de Washington, D.C., que ha tratado a más de 40 familias que habían sido separadas anteriormente, dijo que los niños todavía están mostrando comportamientos regresivos, como mojar la cama y notable inmadurez, además de pesadillas, reexperimentación del hecho traumático, retraimiento grave y desapego de sus seres queridos. La recuperación “lleva mucho tiempo cuando ese tipo de trauma ocurre en una etapa de desarrollo tan importante”, me dijo. “Impactó el ‘cableado’ de su cerebro para que esté preparado para esperar que sucedan experiencias aterradoras como esa en el futuro. Son hiperconscientes y están hipervigilantes a los peligros, algunos de los cuales son reales, y otros, percibidos”. Aguilar lleva a cabo un grupo de apoyo para padres separados, que también luchan con depresión y ansiedad graves; algunos se sienten rechazados por sus hijos, muchos de los cuales creen que sus padres los abandonaron o entregaron voluntariamente. “Estamos tratando de dar a los niños y a sus familias herramientas básicas para volver a conectarse y comenzar a procesarlo”, contó.

Distintos estudios analizaron el efecto de la separación en las familias migrantes. En abril, Physicians for Human Rights publicó un informe basado en evaluaciones clínicas de 13 padres que fueron apartados de sus hijos. Todos tenían algún tipo de enfermedad mental relacionada con la separación; 11 de ellos tenían trastorno de estrés postraumático. Anne Elizabeth Sidamon-Eristoff, ahora estudiante de medicina en Yale y quien dirigió otro estudio, señaló que, en la investigación en animales usada para evaluar el riesgo de enfermedad mental, la separación de los ratones de sus madres, se usa como una especie de estrategia de referencia para modelar el estrés en los seres humanos. “Lo primero que pensé fue: eso es lo que nuestro gobierno le está haciendo a los niños”, me dijo.

“Estos estudios reafirman lo que la ciencia ha estado diciendo todo el tiempo” sobre cuál sería el impacto de un programa como “Tolerancia Cero”, me dijo Sidamon-Eristoff. “Y, honestamente, es bastante frustrante para mí que incluso tengamos que recopilar estos datos para intentar probar algo que siempre hemos sabido: la separación familiar es mala para los niños”.

Fotografía de una mujer sentada en gradas de madera frente a una reja metálica, abrazando a un niño pequeño parado a su lado
Mirian y su hijo, originarios de Honduras, fueron separados bajo custodia en los EE. UU. cuando él tenía 18 meses de edad, poco tiempo después de haberse presentado para solicitar asilo. En una declaración jurada ante el tribunal federal, Mirian dijo que, como su hijo era tan pequeño, los agentes de la Patrulla Fronteriza la obligaron a llevarlo ella misma a un auto, asegurarlo en una silla infantil, y vio cómo cerraban la puerta y se marchaban. (Christopher Lee para The Atlantic)

Los trabajadores de primera línea obligados a hacer cumplir la política de Tolerancia Cero contra su voluntad también lo han pasado mal. El verano pasado visité a Nora Núñez, quien ya no trabaja como defensora pública. Me invitó a su sala de estar, donde las luces estaban apagadas. Estaba de ánimo caído. Un reportero del Washington Post la había contactado recientemente para hablar sobre una madre apartada de su hijo, a quien Núñez había representado en la corte. Le había mostrado a Núñez una foto del reencuentro de la madre y la hija cuatro años después de su separación. Los brazos de la niña estaban flojos a su lado, mientras su madre la abrazaba llorando. “Se notaba que la niña estaba traumada. Su madre la estaba abrazando, y se podía ver que su cara y sus ojos parecían como vacíos”, me dijo. Su boca temblaba. “No se veía ninguna emoción normal de felicidad por el reencuentro”.

Núñez dijo que sintió asco al recordar haber apresurado en el proceso de sus acusaciones porque creía que eso los llevaría de vuelta a sus hijos más rápidamente, sin darse cuenta de que el gobierno tenía otros planes.

“No estoy segura de si puedo seguir mucho más con esto en este momento”, dijo después un rato y, finalmente, me pidió que me fuera.


Mientras la administración de Trump buscaba calmar la ira por la política de Tolerancia Cero, los funcionarios de la Casa Blanca propusieron culpar a las familias separadas por lo que les había sucedido. Un grupo de trabajo encargado del control de daños elaboró documentos sobre lo ocurrido, los cuales sugieren, sin pruebas, que la mayoría de los niños apartados de sus familias eran víctimas de la trata, según dos personas que estuvieron presentes. En una reunión, uno de estos funcionarios me dijo: “Dijeron: ‘¿Y si mostramos a estas mujeres arrojando a sus hijos contra la pared para que luego la gente piense: ¿Cómo pudieron hacerlo? ’ ”.

Durante el resto de su presidencia, Trump presionó para relanzar las separaciones familiares. “La discusión al respecto nunca terminó”, me dijo Kirstjen Nielsen, mientras recordaba una serie de conversaciones que tuvieron lugar en la Casa Blanca y en el Marine One. “Empecé a decir: ‘Señor, realmente, no podemos restablecerlo. Nada ha cambiado. Todavía no tenemos los recursos. Sucederá lo mismo. El sistema no se arregló’ ”. Dice que amenazó con renunciar y pidió el apoyo de la primera dama, Melania Trump, quien desalentaba a su esposo cuando este despotricaba para “volver a activarlo”, por lo general, mientras veía Fox News.

A Nielsen la habían persuadido para firmar la política de Tolerancia Cero personas que minimizaron sus implicaciones u ocultaron sus objetivos, pero el propio presidente no se molestó en hablar con eufemismo. Trump “dijo literalmente: ‘separación familiar’”, recordó un alto funcionario del DHS. “Stephen Miller siempre fue muy cauteloso y diría algo como ‘restituir la Tolerancia Cero’. Pero el propio Trump lo dijo abiertamente”. (No pudimos comunicarnos con Trump para pedirle que haga comentarios).

El funcionario continuó: “El nivel de descripción visceral que el Presidente dio asustaría a Nielsen, porque ella estaba como: ‘Estoy aquí tratando de explicar que esto no es lo que la administración pretendía hacer’, y el presidente habla como si realmente lo fuera”.

Nielsen dijo que intentó enmarcar la separación como algo que dañaría las perspectivas de reelección del presidente, pero la estrategia no funcionó, porque Miller decía que creía que sucedería lo contrario. Ella le dijo a Trump que tendría que escribir otro decreto para reinstaurar la Tolerancia Cero, ya que sabía que él nunca aceptaría retractarse públicamente, porque eso lo haría parecer débil. Algunas veces, Nielsen llamó a Alex Azar para pedirle que la respaldara. Azar también le dijo que renunciaría si se restablecía la política.

A medida que pasó el tiempo, Trump se enfureció aún más por la cantidad de personas que cruzaron la frontera y propuso ideas cada vez más extravagantes para evitar que sucediera, muchas de ellas plasmadas en las notas del alto funcionario del DHS: Una vez, el presidente “ordenó a Kelly que le dijera a Nielson que los ‘rodeara y los empujara de vuelta hacia México. ¿A quién le importa la ley?’ ”, dice un fragmento. “Se hizo un silencio”.


La relación de Nielsen con el presidente nunca se recuperó; se le pidió que renunciara en la primavera de 2019. Trump nombró a Kevin McAleenan para que la reemplace temporalmente. Durante su mandato, el DHS y sus subagencias llevaron a cabo otras tácticas controvertidas dirigidas a las familias, como realizar redadas en hogares con niños y detenerlos junto con sus padres con el fin de deportarlos, algo que el ICE históricamente intentó evitar. Trump se negó a designarlo oficialmente para el puesto. Con el tiempo, él también renunció.

“En mi opinión, la persona que no recibió suficiente atención pública y a la que no se la responsabilizó lo suficiente fue a Kevin McAleenan”, me dijo un abogado que trabaja para uno de los comités del Congreso que investigó las separaciones familiares. Esta idea fue repetida por muchos de los más cercanos a la Tolerancia Cero, que criticaron a McAleenan por insistir, en público y en privado, en que él era simplemente un espectador. En una entrevista con Chuck Todd de MSNBC, en el apogeo de la política, cuando se le preguntó quién había ordenado implementar la política de Tolerancia Cero, McAleenan invocó el memorando de Tolerancia Cero de Sessions, sin mencionar que su propio memorando había sido el catalizador que activó la política, o que había instado, en reiteradas ocasiones, a Nielsen a que lo firmara. “Kevin sabía todo lo que estaba pasando, insistió, lo apoyó y fue la clave para la implementación”, agregó el abogado. Después del fin de la Tolerancia Cero, McAleenan dijo públicamente que sentía que había sido un error. “La política estaba mal, punto. Desde el principio”, me dijo. “Nunca debería haber sido llevada a cabo por un departamento a cargo del cumplimiento de la ley, incluso con los duros desafíos que tenemos en la frontera”.

Fotoilustración del testimonio de una familia separada: “Estaba tan traumado que cuando nos reunimos por primera vez, él no quería hablar. Él solo quería estar solo, y estaba muy triste”.

Ron Vitiello, quien se convirtió en el director interino del ICE en junio de 2018, también reconoció las deficiencias de la política, y se emocionó en algunas de nuestras entrevistas. “Podríamos haber hecho mejor la logística”, me dijo Vitiello. “El mensaje no fue correcto. Nos precipitamos hacia este fracaso, básicamente… Por supuesto, a uno le gustaría volver el tiempo atrás, pero no era una política tan cruel y sin corazón como lo terminó siendo. Pensamos que era una forma de resolver nuestro problema de la frontera, pero se nos fue de las manos”.

Nielsen dijo que decidió hablar conmigo para contarme esta historia “porque la situación de la frontera y la inmigración en este país es desgarradora y está empeorando”. Argumentó que corresponde al Congreso reformar nuestras leyes de inmigración de manera que permita a las personas que necesitan venir a los Estados Unidos hacerlo legalmente, y que las leyes se apliquen plenamente de forma humana. Con respecto a la Tolerancia Cero, Nielsen dijo que no se disculparía por hacer cumplir la política. Se hizo eco de un argumento que escuché con frecuencia de personas que entrevisté por esta historia: que ellos, o su agencia, habían sido injustamente culpados. “El HHS tenía a los hijos, el DOJ tenía al padre, nosotros no teníamos a ninguno”, me dijo Nielsen.

Pero ella desearía no haber aprobado la política, debido a sus profundos defectos. “Tomé la decisión sobre la base de algo que resultó ser información imprecisa”, me contó. Insistió en que había impedido que sucediera lo peor, porque nunca aprobó la propuesta de separación administrativa, que podría haber llevado a que miles de niños más fueran separados de sus padres.

Las personas que conocen a Miller dicen que él cree que la Tolerancia Cero salvó vidas, y que la aplicación de la ley de inmigración fue el logro más popular de Trump entre sus seguidores. Miller les ha dicho que la administración sentó las bases necesarias para que un futuro presidente implemente una aplicación estricta aún más rápido y con mayor alcance que durante el mandato de Trump.

Durante mis entrevistas, los Hawks argumentaron que la Tolerancia Cero había sido eficaz, o que lo habría sido si hubiera estado vigente solo un poco más. Esto sugiere que, si Trump o alguien que comparte sus puntos de vista sobre la inmigración fueran elegidos en 2024, las separaciones familiares muy probablemente se reanudarían.


Recientemente, hablé con Alejandro Mayorkas, secretario de Seguridad Nacional del presidente Biden, quien ha estado lidiando con otra afluencia de personas que cruzan la frontera, la mayoría de las cuales ahora vienen de lugares fuera de América Latina. Biden hizo campaña con la promesa de abordar las causas profundas de la migración a Estados Unidos desde América Central (la pobreza y la violencia), pero se ha avanzado poco en ese frente. En junio, 53 migrantes murieron intentando entrar al país en la parte trasera de un remolque, un incidente más mortífero que el que presenció Tom Homan en 2003.

A pesar de que tales eventos tienden a ser el resultado de la dura aplicación en la frontera, Mayorkas se ha enfrentado a las críticas de los republicanos por ser demasiado blando con la inmigración, en particular, respecto de las intenciones de la administración de Biden de flexibilizar el Título 42, una política de la era Trump vinculada a la pandemia del coronavirus que selló efectivamente la frontera. En respuesta, Mayorkas ha comenzado a buscar las mismas soluciones que llevaron a la Tolerancia Cero, usando la Patrulla Fronteriza para intensificar los enjuiciamientos y generar otras formas de “pagar las consecuencias”, aunque dice que esas herramientas solo deben desplegarse “junto con amplias protecciones humanitarias para las personas en busca de asilo”. La acción del Congreso sobre cuestiones fronterizas sigue estancada, y la política de inmigración queda directamente en manos del poder ejecutivo.

Mayorkas dijo que espera que los medios de comunicación ayuden a responsabilizar a los culpables de la separación familiar. Mientras que algunas estrategias de disuasión “posiblemente están dentro de los parámetros de nuestro sistema de valores”, dijo Mayorkas, la separación familiar estaba “muy fuera de los límites de lo que nosotros, como país civilizado y humano, podríamos tolerar”.

Cuando le pregunté a Mayorkas sobre una rendición de cuentas oficial del gobierno de los responsables de separar a las familias, dijo que estaba fuera de su alcance, en el DHS, y dependía del Departamento de Justicia. Sin embargo, el DOJ ha estado defendiendo la Tolerancia Cero (y a sus responsables) en la corte. En una audiencia reciente, insistió en que “nunca existió realmente una política de separación familiar. Lo que existía era la política de Tolerancia Cero que se inició en abril de 2018… Tenemos el testimonio de los testigos de la CBP y del ICE y de Hamilton, que se encontraba en el DHS en ese momento, de que estas políticas de separación, como dijeron los demandantes, nunca existieron, y nunca se promulgaron”.

Pero el juez no estaba convencido. “Este es un argumento constante por parte del gobierno”, dijo, y señaló que ni siquiera se procesó a los demandantes de ese caso en particular, los migrantes que fueron separados de sus hijos. (El Departamento de Justicia se negó a hacer comentarios sobre esta historia, pero ha dicho anteriormente que está dedicado “hacer justicia por las víctimas de esta política abominable”).

Una descripción exhaustiva de lo que sucedió durante la implementación de la política de Tolerancia Cero requeriría que el gobierno no solo mirara hacia adelante, hacia la revinculación de las familias, sino también hacia atrás, para ser totalmente transparente sobre el pasado. Es poco probable que esto suceda. “El DHS nos estaba mintiendo y no nos estaba dando los documentos”, me dijo el abogado que investigó la Tolerancia Cero para un comité del Congreso mientras Trump todavía estaba al mando. “Nos ocultaban muchas cosas, y yo los atrapaba con las manos en la masa y se los hacía notar, y decían: ‘Oh, bueno, volveremos y miraremos’, y fue una constante batalla espantosa”.

Muchos de los que estuvieron involucrados en el desarrollo de la política de Tolerancia Cero aún están trabajando en el DHS o sus subagencias. No obstante, Mayorkas dijo que sería demasiado difícil para él determinar “lo que sabían, lo que no sabían, lo que entendían, lo que no entendían”. Esa falta de rendición de cuentas de aquellos que participaron en la separación de las familias preocupa a algunas personas en el gobierno de que la práctica podría volver a implementarse bajo otra administración. “No hay un cuento con moraleja para evitar que esto vuelva a suceder”, dijo Jonathan White. Sin eso, me dijo: “Temo que vuelva a ocurrir”.

Si hay alguien con probabilidades de liderar otro esfuerzo para que el gobierno estadounidense separe familias, ese es Stephen Miller. Durante un año y medio intenté contactarlo para preguntarle directamente, entre otras cosas, por qué había presionado con tanta fuerza para que esto ocurriera en primer lugar, y si volvería a hacerlo en el futuro. Un amigo cercano de Miller y su esposa explicó que, desde que se convirtieron en padres, estaban completamente abocados al cuidado de los niños, y era difícil contactarlos.

A medida que mi fecha límite se acercaba, Miller me evadió o pospuso una conversación conmigo en reiteradas ocasiones. Una vez que llamé a Miller, me dijo rápidamente que tenía que irse y colgó. De inmediato envió un texto de seguimiento para explicar por qué había sido tan abrupto. “Estoy con la familia”, dijo. “Y nuestro pequeño”.


Caitlin Dickerson es escritora de The Atlantic.

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